Factores internos y externos han golpeado a la economía chilena. Si bien todos nos vemos afectados, como siempre, los más vulnerables son los más impactados en el día a día. En este contexto, las personas emprendedoras de menores ingresos ven particularmente afectado su acceso al financiamiento que necesitan para mantener sus negocios a flote, ya sea para hacer mejoras que les permitan aumentar sus ventas, para comprar insumos o para cambiar alguna maquinaria en mal estado indispensable para la producción, entre muchos otros motivos.
Según la Sexta Encuesta de Microemprendimiento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del 2020, en Chile existen 2.057.903 microemprendedores y microemprendedoras, de las cuales un 53,1% son informales y el 25,2% de los informales indican que una de las principales limitaciones para el crecimiento del microemprendimiento es la falta de financiamiento.
Los procesos de evaluación y análisis para el acceso a servicios financieros de las personas emprendedoras informales son más costosos y diferentes a los tradicionales debido, entre otras razones, a la falta de referencias comerciales, historial de incumplimiento comercial y la alta morosidad producto de las bajas ventas durante la pandemia. Todo esto limita sus posibilidades de financiamiento en instituciones especializadas. Con este panorama, la urgencia y el desconocimiento los llevan, muchas veces, a recurrir al financiamiento informal o créditos de consumo con altas tasas de interés, lo cual restringe sus posibilidades.
Frente a esta dificultad, el Estado debe tomar acciones responsables y sostenibles que vayan en directa ayuda a estos emprendimientos de menor desarrollo. En esta materia es clave trabajar con instituciones de microcrédito y subsidiar créditos blandos que apoyen a más emprendedoras y emprendedores.
El acceso al microfinanciamiento es un desafío en el que el Estado se ha unido con instituciones financieras, que evalúen los créditos, las condiciones de pago, asuman los riesgos y entreguen el dinero solicitado.
Dar respuesta a la necesidad de crecimiento de las y los microemprendedores es un imperativo ético que debe convocar a que los privados y el Estado. Alianzas público-privadas como la del FOSIS con las instituciones de microcrédito son un ejemplo de cómo se puede hacer un esfuerzo conjunto para llegar con un apoyo a miles de personas emprendedoras que buscan una oportunidad para mejorar su calidad de vida y la de sus familias
De esta forma, desde el Gobierno queremos avanzar de una política pública y una forma de ver el desarrollo social de las personas centrada solo en el individuo a un estilo más colaborativo de trabajo, con perspectiva de género, que sea sustentable e inclusiva. Estamos convencidos que ninguna persona, ninguna familia, surge si no hay colaboración entre todos los actores involucrados, privados y públicos, y nuestro rol como Estado es apoyar allí donde menos oportunidades ha habido.
Nicolás Navarrete Hernández es director nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS.
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