Columna de Patricio Hales: Las tomas de terrenos y las posibles reacciones violencia

Es obvio que las tomas provienen del drama de los sin casa, desde hace muchos gobiernos. Una sociedad que tiene gente viviendo en las calles incuba la violencia. Pero las tomas han aumentado.

Como yo no conozco un político que sepa más de política habitacional que el actual Ministro Carlos Montes, concluyo que la situación no es por falla del Minvu sino por una incapacidad más amplia del gobierno en su conjunto.

La primera alarma la escribí en la campaña presidencial, advirtiendo que la candidatura de Gabriel Boric estimulaba la tomas de terreno porque en sus “Propuestas programáticas para el nuevo Chile”, capítulo Ciudad Vivienda y Territorio”, N°4 letra i, Boric prometía textualmente: “No habrán desalojos de terrenos sin solución habitacional para las familias que se encuentren en una toma de terreno y estén constituidas en un campamento. Las familias permanecerán en él hasta que se logre una solución definitiva a su demanda de vivienda o una solución parcial si hay que trasladar el campamento a otro lugar.”

Tuvieron miedo a debatir en campaña y solo recibí descalificaciones de los partidarios del actual Presidente sin argumentos que desmintiera mi evidencia. El PC encomendó a su prestigiado profesional del ramo, siempre respetado por mi, desviando el debate hacia mi supuesta renegación de mi pasado Allendista, con tres páginas en redes sociales pero sin responder de mi advertencia sobre la tomas, ampliamente documentada.

“Si el terreno es privado,” agregaba el Programa del Presidente Boric “se seguirán dos vertientes: la primera, acordar con el/los propietarios su compra por parte de los organismos del Estado que se encargará de crear el Banco de Tierras y, la segunda, si el/los propietarios no quieren vender, se acordará con el/ellos un canon de arriendo que se pagará mensualmente mientras dura la permanencia del campamento en ese terreno, con el compromiso de desocupar el más corto plazo posible.”

A nueve meses de gobierno me pregunto, ¿Con cuántos propietarios privados ha cumplido el gobierno la prometida compra por el terreno tomado?¿Cuantos propietarios están recibiendo por la toma de su propiedad, el arriendo ofrecido por escrito por la candidatura presidencial?

¿Cuantas “soluciones permanentes” ha concretado este gobierno “en el marco de los programas de micro densificación, cooperativas y vivienda pública en arriendo generando diferentes alternativas para las familias asentadas en campamentos,” como reza a letra su programa?

Por mi parte doy como pruebas de sobrealarma que en la región de Valparaíso hay 255 tomas ilegales con 18.405 hogares, según el Catastro Nacional de Campamentos (CNC) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que en Biobío son 156 y en la Metropolitana 142; el fundo de la familia Easton en Quillota está tomado y según informa la prensa, las autoridades locales no intervendrán; en Calama un sitio fiscal, otra en Cartagena. Las noticias describen en Horcón una toma que “ya parece un condominio con calles, conserje, panderetas, agua y electricidad, queda en Horcón, en la comuna de Puchuncaví. El terreno, de casi 17 hectáreas que se ubica frente al mar es propiedad de una comunidad de 81 carabineros en retiro y está ocupada por más de 200 familias desde el 6 de diciembre del mencionado año”. En Placilla Oriente, los dueños del terreno tienen miedo a represalias, luego del asesinato del empresario viñamarino, Alejandro Correa, por reclamar su predio. En la toma de Placilla, hay 400 familias donde se deberían haber construido 300 viviendas sociales.

Imagino que el escudo de armas de las tomas habrá pasado a ser una copia, escrita en piedra o acero del “Programa para el Nuevo Chile” del Presidente Boric, donde dice “no habrá desalojo de tomas”.

Parece que no hay consciencia política que, las declaraciones contra la delincuencia, los discursos para la prevención del delito y las palabras para parar la ola de violencia, también exigen impedir las tomas. Necesitamos que la autoridad entienda la tomas no solo como acto de violencia sino como un germen de reacciones de violencia que podrían comenzar como reacciones individuales, familiares o colectivas de propietarios de terrenos que ven que la autoridad no resuelve un problema que va en aumento.

Es difícil, en estas condiciones, cautivar a que nuestro país confíe que una nueva constitución le asegurará que el Estado le garantizará el derecho a una vivienda digna y el derecho de propiedad.