Consejo de la Justicia: el riesgo de intervencionismo

Por José Miguel Aldunate, Director de Estudios del Observatorio Judicial

La semana pasada, el bonaerense diario Clarín tituló: “Última jugada de Cristina Kirchner para intentar mantener el control del Consejo de la Magistratura”. Para un lector chileno, lo que más sorprende es la naturalidad con que la prensa argentina informa sobre la repartija política de su Consejo Judicial.

¿No se suponía que los consejos judiciales -en sus distintas denominaciones- estaban diseñados para preservar la independencia de los jueces? Eso, al menos, es lo que argumentan los convencionales que han promovido la creación de un “Consejo de la Justicia” a cargo de los nombramientos judiciales, el sistema disciplinario, las calificaciones y, en general, todos los asuntos no jurisdiccionales que afectan al Poder Judicial.

Lamentablemente, la experiencia comparada muestra que los consejos judiciales suelen convertirse en botines de los partidos, a la vez que una herramienta efectiva para presionar políticamente por decisiones judiciales favorables. En honor a la verdad, algunos de estos órganos están irremediablemente politizados -como tristemente muestran el caso argentino, el español y el peruano-, pero otros han logrado exhibir un comportamiento razonable. ¿Cuál es el factor decisivo?

Todo indica que el grado de captura política depende, en una medida importante, de la composición del órgano. Los consejos de la judicatura con presencia mayoritaria de jueces están menos propensos a sufrir este tipo de presiones. De aquí que, también esta semana, el informe de la Comisión de Venecia haya recomendado, precisamente, que el Consejo de la Justicia tenga una composición pluralista con una mayoría substancial de jueces, quienes deben representar al menos la mitad del órgano.

En cambio, el texto propuesto por la Convención Constitucional contenía apenas seis integrantes elegidos por los jueces, mientras que los once restantes serían elegidos por el Congreso, por los pueblos indígenas y por los funcionarios del Sistema de Justicia. Por ahora, el Pleno de la Convención rechazó esta integración y la Comisión de Sistemas de Justicia deberá formular una nueva propuesta.

Como fuere, una integración como la propuesta por la Convención Constitucional entrega el Consejo de la Justicia al juego político. Volvamos sobre el caso argentino, donde la representación judicial en el órgano es minoritaria: en los últimos años, la cómoda mayoría kirchnerista consiguió trasladar a tres jueces vinculados a las causas promovidas contra la expresidenta. En respuesta, la Corte Suprema detuvo los traslados y declaró inconstitucional la normativa que regula al órgano. Hoy, el Consejo para la Magistratura argentino se encuentra en una profunda crisis.

¿Este es el modelo que queremos copiar en Chile? ¡Vaya manera de honrar las demandas del estallido social! De la pléyade de reclamos expresados aquella primavera de 2019, pocos resonaron tanto como la indignación contra el abuso de poder, los privilegios y la impunidad. ¿Cómo se entiende, entonces, que el propuesto Consejo de la Justicia abra un espacio para que el poder intervenga precisamente a los jueces, guardianes de las reglas y de los derechos de los ciudadanos frente a la política?

La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención debe volver sobre sus pasos y proponer una integración del Consejo de la Justicia con mayoría de jueces, e idealmente, con representación de la Corte Suprema. De lo contrario, arriesgamos replicar en Chile las peores lógicas de intervencionismo político.