La temporada de incendios forestales ha dejado hasta el momento más de 458 mil hectáreas quemadas a lo largo del país, 391 mil de las cuales se han concentrado en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía. Es a estas alturas una de las peores catástrofes que han afectado al país -con un inusual número de víctimas fatales y destrucción de viviendas-, y por ello resulta imperioso despejar las causas que han llevado a este desastre, considerando que en la inmensa mayoría de los siniestros ha estado detrás la acción humana.
Los primeros indicios ya apuntan a que la intencionalidad es un factor que peligrosamente parece estar teniendo una incidencia mucho mayor que otros años. La Conaf ha estimado preliminarmente que en el caso de La Araucanía y Biobío la acción premeditada alcanzaría un promedio de 41%, superando largamente la media nacional. Se trata de un hecho gravísimo, que no admite ser relativizado y que debería constituir en sí mismo una preocupación central no solo en el quehacer del Ministerio Publico, sino también del gobierno, porque en la medida que hay grupos empeñados en causar daño a la población o a las actividades productivas adquiere una dimensión de seguridad pública ineludible.
Por eso resulta tan extraño que haya sido justamente en lo relativo a la intencionalidad donde La Moneda se ha visto enredada en una serie de polémicas autoprovocadas, que ya le están repercutiendo políticamente. Primero fue el propio Presidente de la República quien agitó los ánimos cuando en medio de la emergencia planteó la necesidad de una nueva regulación para la industria forestal, dando a entender que estas empresas serían las responsables en último término. Pero cuando dicha controversia comenzaba a amainar, el ministro de la Vivienda planteó que, si bien se puede especular mucho sobre la intencionalidad, aún no hay claridad sobre el origen de los siniestros.
Luego fue la ministra del Interior la que profundizó la polémica, pues intentado bajar la intensidad de la misma logró el efecto contrario al plantear que la intencionalidad a nivel general alcanzaba al 25% de los siniestros -pese a que los datos de la Conaf estaban indicando que en las regiones más afectadas la realidad es muy distinta-, lo cual transmitió la impresión de que en realidad se estaba intentando dar por cerrado un tema que claramente ya estaba incomodando al gobierno. Estas sospechas se vieron alentadas por las recomendaciones que impartió el propio Ministerio del Interior, solicitando a los partidos del oficialismo no “sobredimensionar” el tema de la intencionalidad, y enfatizar también que puede haber causas explicadas por la negligencia.
Este nuevo traspié comunicacional en que se ve involucrada La Moneda parece estar trasluciendo un tema más de fondo, que es el constante problema que ha tenido la coalición gobernante para hacer frente a la dimensión de orden público sin enviar señales equívocas o contradecirse. Es el riesgo de permitir que los prismas ideológicos terminen prevaleciendo por sobre los criterios de realidad, empañando con ello la gestión de gobierno y perdiendo la conexión con las preocupaciones más centrales de la ciudadanía.
Desde luego que en esta fase no resulta responsable atribuir una acción de naturaleza terrorista a los incendios, pero tampoco cabe esquivar esta hipótesis, no solo porque ello debe ser zanjado en la investigación judicial, sino además porque la dinámica en que se han producido algunos de los siniestros, con varios focos simultáneos y en horarios nocturnos, sugieren una clara intencionalidad de dañar o de amedrentar mediante la acción del fuego.
Por eso resulta tan contradictorio que La Moneda esté dando la impresión de que su preocupación es tratar de no escalar el tema hacia una dimensión de seguridad pública, cuando de lo que ya nadie duda es que en estos incendios la intencionalidad ha quedado de manifiesto en toda su magnitud y el país está padeciendo sus perniciosos efectos, ante lo cual el gobierno debería ser el más interesado en aclarar todos sus alcances.
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