Por Pía Turner, ingeniera comercial; máster en Economía y Educación
En marzo de este año finalmente retomamos las tan necesarias clases presenciales obligatorias. Sin embargo, junto con ellas llegó una escalada en los casos de violencia y problemas de salud mental manifestados en el ámbito escolar. Ante ello, el Ministerio de Educación ha presentado diversas propuestas, las más recientes contenidas en el plan “Seamos Comunidad”, el que involucra un programa de atención en crisis y convivencia escolar para 60 comunas y la ampliación del programa “Habilidades para la Vida”.
A pesar de que la mayor crítica ha estado centrada en lo focalizada de las propuestas, también se echa en falta una mirada más amplia sobre las causas de los problemas en la salud mental y la violencia en el contexto escolar, que van mucho más allá de lo que pueda pasar o se pueda solucionar en los establecimientos educacionales. En efecto, desde antes de la pandemia y del estallido social sabemos que los estudiantes chilenos presentan la mayor prevalencia en drogas como la cocaína de América y que alrededor del 70% de los adolescentes señala sufrir algún tipo de violencia en su hogar, por mencionar un par de ejemplos sobre la situación que arrastramos.
Al buscar una perspectiva más amplia del problema se hace necesario incorporar en la búsqueda de soluciones a otros actores relevantes, como los son los diversos representantes de la sociedad civil. En efecto, Chile cuenta con organizaciones que tienen años de experiencia trabajando con las comunidades más afectadas por la falta de oportunidades, la violencia en el hogar y los barrios, la falta de inclusión, el acoso y abuso, el consumo problemático de drogas y alcohol, el embarazo adolescente y el ausentismo crónico y la deserción escolar, entre otros. Muchas de estas organizaciones han nacido de las personas, familias y comunidades que viven estas situaciones a diario y que han tenido que articularse para buscar una solución efectiva, que nazca desde su experiencia y capacidades.
Así, el incorporar a representantes de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones para la violencia y deterioro de la salud mental en el contexto escolar traería al menos dos beneficios.
El primero es aprovechar el conocimiento y experiencia que reside en este tipo de organizaciones, que pueden aportar desde las vivencias de lo que ocurre en los hogares y barrios, es decir, fuera del colegio.
El segundo es salir de la lógica en la que se espera que docentes y asistentes de la educación se hagan responsables de todos los problemas relacionados a los estudiantes, obviando la sobrecarga de trabajo que ya tienen. El incluir perspectivas complementarias debiera de incentivar a buscar soluciones que también lo sean, permitiendo a los establecimientos incorporar a todos los actores relacionados con la comunidad escolar.
La sociedad civil en Chile está compuesta de miles de organizaciones de distintos tamaños, enfoques y experiencia, que día a día trabajan en terreno por solucionar problemas, ya sea complementando al Estado o llegando de maneras en que a este no le resulta posible. A su vez, la mayoría tiene su foco en las necesidades de los chilenos más vulnerables y constantemente deben actualizar sus estrategias para abordar desafíos cambiantes. Es por ello que a la hora de solucionar un problema tan complejo y que abarca tantas variables distintas como el de la violencia escolar, la voz de fundaciones, juntas de vecinos, corporaciones y otros tipos de organizaciones de la sociedad civil debiera de ser central.
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