SEÑOR DIRECTOR:
El fin último de la transparencia es el fortalecimiento de la democracia a través de la rendición de cuentas de sus autoridades. Quienes tienen responsabilidades públicas están obligados a difundir información relevante, que permite a cualquier ciudadano escrutar sus decisiones, controlar sus actos, hacerse un juicio de su accionar. La información se difunde de forma obligatoria, no queda al arbitrio de la propia autoridad qué información se entrega y cuál no, sino que se divulga de forma forzosa, de acuerdo a las normas legales y dejando a un tercero imparcial la potestad de interpretar y hacer cumplir esas leyes.
La transparencia contribuye al bien común porque se desarrolla a través de un mecanismo reglado, normado, con un rayado de cancha que permite que la información difundida contribuya al interés general y no lo dañe. Y es dañino para toda la comunidad la difusión de información que afecta la seguridad nacional, la seguridad pública, o derechos de terceros, o el interés nacional.
Las filtraciones sin control, en la figura de grabaciones no autorizadas de las autoridades, son lo contrario a la transparencia. Evade los procesos que permiten discriminar aquello que contribuye al bien común de lo que es nocivo y tiene el potencial de dañar seriamente los bienes jurídicos que la transparencia busca proteger.
No es trivial, ni anecdótico. Es grave y peligroso. Por ello, cuando se producen estas situaciones, la reacción debe dar cuenta de esta gravedad, incluyendo las sanciones penales que nuestro sistema considera.
Marcelo Drago Aguirre
Abogado, ex presidente del Consejo para la Transparencia
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