Grave vulneración en rentas vitalicias

El gobierno quedó en una situación desmedrada tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de afirmar la constitucionalidad de la reforma que autorizó el tercer retiro de los fondos de AFP y el “adelanto” de los flujos de rentas vitalicias. Inmediatamente, el Ejecutivo retiró su propio proyecto de apoyos sociales y promulgó la reforma que consideraba inconstitucional. En lo que se vio como un momento de vulnerabilidad de la institucionalidad democrática, la presidenta del Senado se apresuró a proponer un acuerdo de “mínimos comunes” entre el gobierno y el Congreso. El gesto, leído como un reconocimiento a la legitimidad del gobierno y como señal de distancia entre una izquierda más respetuosa del estado de derecho y la izquierda extrema, fue muy valorado. En tanto fórmula para evitar nuevos retiros de fondos previsionales, fue igualmente apreciado.

Debe estar claro, sin embargo, que desde el punto de vista del interés nacional no basta desactivar un nuevo retiro de fondos previsionales, sino que también deben buscarse mecanismos para reparar desde ya los mayores daños infligidos por estas reformas a las posibilidades de progreso del país. Una situación especialmente compleja que ha quedado es la que afecta a las compañías de seguros de vida. Los contratos suscritos por las compañías de seguros, por los cuales los pensionados habían entregado sus recursos acumulados en las AFP durante su vida activa a cambio de pensiones vitalicias, se han visto alterados por decisión del Estado.

El TC validó una vulneración de atributos esenciales de la propiedad que también deja a las compañías ante pérdidas patrimoniales importantes. Efectivamente, los criterios utilizados para regular la constitución de reservas técnicas, precisamente para que respalden adecuadamente los compromisos de las compañías, son conservadores, tal que esas reservas deberían exceder el verdadero valor económico de las rentas vitalicias comprometidas. Eso hace que el adelanto de un monto de dinero correspondiente a un cierto porcentaje de la reserva técnica, a cambio de la reducción de la renta vitalicia en ese mismo porcentaje, determine una pérdida de valor económico (que la contabilidad no va a reflejar) para las compañías.

Más aún, entre todos los pensionados, aquellos que tras pensionarse han experimentado cambios negativos en su estado de salud y que estiman reducida su expectativa de vida deberían, racionalmente, estar más inclinados a “adelantar” los pagos. Este sesgo llevaría a un alargamiento de la expectativa de vida de la cartera de pensionados por sobre lo considerado por las compañías al ofrecer las rentas vitalicias, en otro factor de pérdida económica para las compañías.

Si bien el daño está hecho, y las compañías han comenzado la gestión de los “adelantos” mandados por la reforma, debería ser preocupación esencial del Ejecutivo y del Congreso dominado por la oposición al actual gobierno -cuya representación tomó la presidenta del Senado-, intentar restaurar la credibilidad de la institucionalidad del país. El momento para reparar lo dañado es ahora, cuando tras el plazo breve en que el Fisco puede tomar sobre sí la solución de los problemas más urgentes, el país requerirá de una inversión vigorosa para dar un mínimo de satisfacción a las aspiraciones de su población.