Piñera y el debate constitucional

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Bachelet firmó el nuevo proyecto de Constitución cinco días antes de entregar el poder. (Foto: Reuters)


El gobierno hace bien en llamar a grandes acuerdos. Es destacable que parte de estos acuerdos aludan a temas urgentes. Hay, empero, un importante asunto que ha sido omitido. Si se buscan grandes acuerdos, este es el más grande de todos: la Constitución.

Bachelet jugó a la frivolidad taimada al enviar a última hora un proyecto de nueva constitución. Antes hizo una muy mediocre puesta en escena con los irregulares cabildos y la inverosímil reducción de sus conclusiones. En algo, sí, no se equivocó: en la importancia que en las declaraciones (que no en los hechos) le dio al asunto constitucional. En el polo más a la izquierda hallamos a los amigos de algo así como una asamblea constituyente de base. Se concibe a la asamblea deliberativa cual el modo más adecuado de interacción humana, si lo que se busca es el reconocimiento del otro. El reconocimiento pleno coincide, correspondientemente, con el avance de la deliberación en asamblea y la reducción del campo de operación del mercado y las instituciones alienantes.

En la otra punta hay sectores de la derecha que han carecido de la intención de tomarse en serio el asunto constitucional. Chile Vamos tuvo una comisión y la comisión hizo un esfuerzo en preparar algo que, abandonado a sí mismo, podría despertar la sospecha de un afán pirotécnico.

La cuestión constitucional luce así -precluído el destartalado episodio Bachelet- estar en manos de revolucionarios y reaccionarios. A un lado, izquierdistas que piensan en un estado de plenitud sustantiva que se alcanza por la vía de la deliberación de base; que desconocen que la deliberación es generalizadora; que ella pasa, inevitablemente, por sobre la singularidad del individuo; que sin división de poder ella acaba siendo despótica. Al otro lado, derechistas que rehúsan ver la importancia de fundar la convivencia de un pueblo no sólo en la facticidad, sino en acuerdos que sean base de una dimensión nacional común.

Estudios de opinión y análisis más de fondo son consistentes en mostrar un contento generalizado entre los chilenos con su situación personal y familiar, de las que son especialmente celosos; a la vez que hay desconfianza con las instituciones estatales y privadas, y que existen demandas por integración, por seguridad y por condiciones de vida razonables.

En este momento se requiere avanzar, no restarse de la tarea de conducción política de la nación. Esa senda consiste en dar expresión institucional a la pulsión popular en una articulación dotada de sentido. El gobierno no puede sustraerse, sin caer en una irresponsabilidad que le terminará costando caro al país y a él mismo, a esa labor, incluido el asunto de la discusión constitucional. Es parte de su tarea histórica llevar el timón de los acontecimientos y dar cauce efectivo a los anhelos populares.

Tres principios debieran guiar este proceso. Primero, él debe constituirse ordenadamente, preferentemente en sede parlamentaria, habida cuenta que contamos con un congreso legitimado por un sistema electoral corregido. Esa sería la mejor manera no sólo de dejar atrás la desprolijidad y las arbitrariedades que caracterizaron los cabildos y su subsunción, sino que le entregaría la responsabilidad de la alta tarea de parir un texto constitucional a un organismo asentado y que da garantías de representatividad a todos los sectores.

Segundo, el gobierno debe velar, en todo el proceso, por el principio republicano de la división del poder, sólo bajo el cual es posible la libertad. Este principio incluye: la división del poder entre la sociedad civil y el Estado; a su vez, al interior del mercado, restringiéndose el oligopolio y el monopolio, apoyándose a consumidores y trabajadores; y al interior del Estado, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, entre Santiago y macro-regiones fuertes, entre funcionarios políticos y una poderosa burocracia profesional.

Tercero, huelga que el gobierno realice el principio de la integración nacional: todos los chilenos han de contar con condiciones básicas y razonables comunes de existencia.

Entonces es posible alcanzar dos aspectos de la plenitud humana en tensión: que el pueblo halle expresión eficaz en un sistema que lo reconozca, a la vez que sea compatible con la libertad de cada uno de sus miembros, dicho de otro modo: dispersión y unidad a la vez o una república integrada. Un discurso de ese tipo sería difícilmente vulnerable en los foros libres.

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