Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios

Es digno de destacar la creciente coincidencia de opiniones y posturas en relación a las políticas de reparación hacia el pueblo mapuche en la Región de La Araucanía. Como el propio ministro Alfredo Moreno lo destacara, el plan del actual gobierno recoge aspectos fundamentales del programa propuesto por la ex Presidenta Michelle Bachelet hacia el fin de su mandato, el cual siguió a la ronda de diálogos regionales bajo la coordinación del obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas. Entre ellos, anuncios de significación política no menor, como lo es: el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y el favorecer la representación política de los pueblos en instancias políticas aún no especificadas.

Ya son 4 los proyectos de reforma constitucional orientados con similar propósito. Argentina, nación que registra similar historia de despojo hacia los pueblos originarios reconoció en su Carta Fundamental hace ya 24 años los derechos asociados a la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos indígenas. Sin embargo, el paso de derechos declarativos a derechos efectivos se ha demostrado dramáticamente lento, tanto en lo que se refiere al relevamiento catastral de las tierras de propiedad indígena como a su derecho a la participación en decisiones que afectan a sus recursos naturales. Presumiblemente, no serán menores nuestras dificultades en materializar dichos compromisos.

En cuanto al propósito de fortalecer la participación de los pueblos originarios en las instancias de decisión política, el Plan Impulsa Araucanía no adelanta precisión alguna, pero según declaraciones del ministro habría disposición a considerar alguna forma de discriminación positiva a favor de los pueblos indígenas en las elecciones municipales, regionales y parlamentarias.

La ley de cuotas aplicada en materia de género ha permitido en distintas latitudes impactos significativos en la reducción de los desequilibrios que buscó resolver. Es hora de debatirlo, al menos con vistas a superar aquellas desigualdades estructurales de representación en las comunas y distritos de mayor presencia indígena.