SEÑOR DIRECTOR:
La ley de estabilización de tarifas (agosto de 2022) fue una solución eficiente y solidaria al alza potencial de más de 40% en las tarifas eléctricas producto de una legislación que las congeló completamente sin anticipar cambios relevantes de contexto. Su rápida aprobación, con apoyo en todos los sectores políticos, permitió proteger a la ciudadanía, estableciendo, para el 2022, la estabilización total de tarifas para consumos de hasta 350 kWh/mes con alzas en porcentajes menores para los consumos superiores y una normalización progresiva de las tarifas a partir del 2023.
Lamentablemente, la celeridad en la legislación se ha visto opacada por una implementación más lenta que lo ideal. La demora en el decreto tarifario genera un desfase de pagos que deberá ser corregido y no se han dado a conocer medidas de apoyo específicas para aquellos que verán alzas en sus cuentas (algunas Pymes). Esto ha llevado a propuestas de cambios regulatorios; a saber: bajar el límite para ser cliente libre. Si bien esta idea es interesante, debe analizarse con una perspectiva de largo plazo y no para enfrentar un problema puntual. Debe notarse que el cambio de cliente regulado a libre debe ser comunicado a la distribuidora con al menos un año de antelación y que éste tiene requerimientos adicionales para las Pymes, con lo que no ayudará a enfrentar el desafío inmediato.
Afortunadamente, no es demasiado tarde para reforzar programas de eficiencia y autogeneración que ya existen en el Estado, expandiendo su alcance y facilitando el acceso, adecuándolos a las características de las diversas zonas del país. Con una buena gestión, es posible aprovechar el potencial de la ley de estabilización.
Claudio Huepe
Ex ministro de Energía
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