Un grave daño a la fe pública

Ha sido objeto de consternación y repudio la revelación de que Rodrigo Rojas Vade -joven convencional electo por la Lista del Pueblo, y que además ocupaba una de las vicepresidencias de la Convención-, mintió acerca de su condición de salud, fingiendo que padecía un grave cáncer, a partir de lo cual estructuró toda una épica que no solo le permitió conquistar a casi 20 mil electores -una de las votaciones más altas dentro de su distrito-, sino que logró erigirlo como un símbolo de esfuerzo, lucha y ejemplo moral tanto entre sus pares como para el resto de la sociedad.

Rojas fue desenmascarado a raíz de una investigación periodística de este medio, quien frente a la contundencia de los antecedentes no tuvo más alternativa que reconocer el engaño y pedir disculpas al país, dejando incluso abierta la posibilidad de abandonar la Convención, si bien esta alternativa no está expresamente consagrada en la legislación. La instancia se encuentra ahora evaluando distintas fórmulas jurídicas para lograr una salida a este caso, pero ha sido una señal importante que la mesa de la Convención haya puesto los antecedentes a disposición del Ministerio Público, para que se investiguen posibles delitos, entre ellos, la eventual falsificación de su declaración de intereses, pues Rojas figura con un crédito bancario por $27 millones para costear el tratamiento de una enfermedad que no padece.

Este fraude ha causado justificada indignación en enfermos de cáncer o sus familiares, así como de organizaciones que levantan fondos para ir en ayuda de estos pacientes, ante la frivolidad de utilizar para fines personales un mal que causa estragos en muchos y que cada año mata a cerca de 30 mil personas en el país. Amigos y familiares de Rojas incluso organizaron rifas y actos de beneficencia para conseguir recursos que le permitieran solventar los gastos de la enfermedad, amplificando aún más los efectos de este engaño.

El caso de Rojas supone un duro golpe para la Convención Constitucional, cuya imagen se ha visto injustamente afectada producto de este fraude. La continuidad de Rojas en la instancia constitucional se hace a estas alturas insostenible, pero su eventual salida probablemente no será suficiente para reparar el grave daño ocasionado.

Este episodio es paradigmático en cuanto a la importancia de velar por la fe pública, porque cuando se traiciona toda la confianza en las instituciones se empieza a ver resentida y es la actividad pública como un todo la que queda bajo sospecha, a lo que cabe añadir el profundo sentimiento de frustración entre quienes depositaron su confianza y luego son defraudados.

En nuestro país hay una marcada crisis de confianza institucional, y la política ha sido de hecho una de las más afectadas. No es de extrañar que la ciudadanía haya confiado en personas ajenas a la política tradicional para elaborar el nuevo texto constitucional, representando la Convención justamente una instancia de renovación y nuevos liderazgos que motivaron a participar sobre todo a los votantes más jóvenes. Atentar contra la fe pública puede conllevar a que los electores profundicen su desconfianza y vean menos razones para participar de los procesos electorales, lo que de suyo constituye un grave daño a la democracia.