Urgencia ética

Por Juan Larraín, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile

Una revisión de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad lleva a preguntarse qué podrían tener en común situaciones como los fraudes en el uso de fondos públicos de exautoridades institucionales, la colusión entre empresas, un constituyente que basó su campaña en una mentira, miembros de comunidades académicas que alteran resultados de sus investigaciones, las faltas a la integridad académica de estudiantes, y personas que sobre la base de resquicios abusan de los apoyos del estado o incumplen las normas sanitarias. La mayoría corresponden a delitos, y en lo fundamental todas son faltas a la ética.

Es función de la ética definir principios y normas que guíen el comportamiento humano con miras al respeto mutuo y al bien común. Contrario a lo que podría pensarse, la ética es una disciplina eminentemente práctica, que trasciende el mero análisis de lo bueno o malo, y que orienta la aplicación de esos principios a situaciones concretas. Las infracciones a dichas normas corresponden a faltas éticas, y lesionan gravemente nuestra vida en sociedad.

Los actuales niveles de transparencia dan visibilidad a un mayor número de faltas a la ética, lo cual nos ofrece una gran oportunidad para trabajar en la superación de estas situaciones.

¿Qué podemos hacer entonces para promover conductas éticas tanto a nivel individual como institucional? En cuanto a lo individual, lo formativo es esencial. Para ello, los establecimientos educacionales, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, tienen la misión de formar una ciudadanía con un hábito de discernimiento ético, capaz de reconocer y de hacerse responsables de las implicancias éticas de sus decisiones y acciones. Las comunidades educativas son una instancia privilegiada para enseñar los principios y normativas que deben guiar nuestro comportamiento ético, pero, además, para ponerlos en la práctica.

Sin embargo, aunque lo formativo es necesario, en ningún caso es suficiente. Para avanzar decididamente urge que todas las instituciones, organizaciones y asociaciones se comprometan con un actuar ético. Para ello, lo primero es que definan las normativas éticas de acuerdo a las especificidades de su quehacer, lo que debe ir acompañado de procesos rigurosos, transparentes, eficaces y colegiados, para identificar y sancionar las faltas a la ética, tanto institucionales como individuales. Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de las faltas, deben incluir medidas claras de reparación del daño causado, y establecer mecanismos para la reintegración de quienes han infringido las normas. Aunque las faltas a la ética tienen una componente de responsabilidad individual, es determinante que las instituciones asuman la responsabilidad que les cabe, en especial en implementar y cumplir las acciones indicadas.

Todo esto debe hacerse sin caer en “cacerías de brujas”, pero también evitando la normalización de dichas faltas. Debemos erradicar la idea de que una falta ética no es grave. Muy por el contrario, el que algunas faltas éticas no constituyan delito las hace aún más graves. Esto, porque al no ser penalizadas jurídicamente, no se identifican como nocivas y van horadando silenciosamente la confianza entre los miembros de una comunidad, dando paso a la corrupción y el consiguiente debilitamiento de las instituciones y de sus comunidades, lo que termina deteriorando el bien común y la vida en democracia.