Líos de platas: querella del CDE contra Democracia Viva advierte vínculos entre Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras

Daniel Andrade, Catalina Pérez y Carlos Contreras.
Daniel Andrade, Catalina Pérez y Carlos Contreras.

En su escrito, el Consejo de Defensa del Estado afirma que tales nexos no fueron advertidos a ninguno de los funcionarios del Serviu ni de la Seremi de Vivienda en el marco de la firma de los convenios, lo que sustenta, en parte, la acusación de fraude al Fisco por $391.768.516.


En el marco de la investigación por el traspaso de fondos desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al Fisco contra el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, el representante legal de la fundación. Y en este escrito se advierte el vínculo que ambos querellados tenían por su cercanía con la diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez, el cual, se destaca en la acción judicial, no fue transparentado a la hora de firmar los convenios por más de $426 millones.

En la querella -a la que tuvo acceso La Tercera- se destaca que la decisión del exseremi Contreras de contar con los servicios de Democracia Viva para tales convenios “fue con la sola voluntad del querellado quien operó con distancia de la práctica habitual y previamente regulada desde el Ministerio”.

En este sentido, destaca en el texto la mención del vínculo que ambos querellados mantenían por su cercanía con la diputada Pérez.

El escrito indica que “en lo que respecta al vínculo del querellado Carlos Contreras Gutiérrez con Daniel Andrade Schwarze, representante de la Fundación Democracia Viva, cabe señalar que a la fecha de los hechos descritos ambos eran militantes activos del Partido Revolución Democrática en el cual compartían en instancias propias de la militancia e interpersonales, pues el ahora ex SEREMI, Contreras Gutiérrez con anterioridad a su nombramiento en dicho cargo, fue asesor de la diputada Catalina Pérez Salinas quien –a lo menos a la fecha de tratativas y suscripción de los convenios– mantenía una relación sentimental con Daniel Andrade Schwarze, quien a su vez, a la fecha de suscripción de los Convenios, también ejercía como funcionario público”.

“Dicho vínculo, entre ambos querellados, no fue transparentado por ninguno de aquellos ante los funcionarios de SEREMI MINVU y SERVIU; siendo el querellado Carlos Contreras Gutiérrez a la fecha la autoridad máxima de la Secretaría Regional Ministerial respectiva”, agrega el CDE.

Se añade que “resulta evidente que el despliegue de actividades y omisiones por parte del querellado Carlos Contreras Gutiérrez, tenía el único fin de favorecer a la Fundación Democracia Viva (mayoritariamente conformada por militantes de su partido) y, derechamente, el de beneficiar a su representante, el querellado Daniel Andrade Shwarze, a quien ya conocía y mantenía una relación de afinidad, procediendo a traspasar importante sumas de dinero público de manera ilícita”.

La querella agrega que “la invitación enviada bajo la instrucción expresa del ex seremi dirigida a Daniel Andrade Shwarze y la posterior selección de la Fundación Democracia Viva para la ejecución de tres convenios suscritos con quien era la máxima autoridad, sin contar con la expertiz minina y ni siquiera el giro exigido, es una clara muestra de aquello”.

En el detalle de la acción se da cuenta de los convenios que fueron firmados con Democracia Viva en el año 2022, donde entre septiembre y octubre de ese año, se aprobaron los $426 millones para el trabajo en los campamentos Ecuachilepe (con $200 millones); Irarrázaval I (con $170 millones) y por $56 millones para el trabajo en distintos asentamientos de Antofagasta.

El organismo detalla que “en ninguno de los convenios ni de las Resoluciones Exentas aprobatorias de los convenios y de las transferencias de recursos, se encuentran fundados ni acreditan documentalmente en cuanto a los motivos que justificaron la suscripción de los convenios de forma directa y con la fundación Democracia Viva, lo que malamente pudo realizarse si conforme a lo ya expuesto a la fecha de las transferencias señaladas la fundación ni siquiera contaba con el giro que el convenio demandaba”.

De acuerdo a la acción penal, el daño patrimonial al Fisco asciende a $391.768.516.

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