Senado aprueba proyecto de usurpaciones y Tohá anuncia veto por “legítima defensa privilegiada”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el gobierno vetará el proyecto de usurpaciones minutos antes de que la iniciativa fuera despachada por el Senado.

El proyecto fue despachado tal como salió de la Cámara de Diputados este martes, esto es, con las indicaciones que incorporan la figura de la “legítima defensa privilegiada” y de la “flagrancia permanente”.

Esto, a pesar del despliegue realizado durante toda la jornada en el Congreso por los ministros del Interior, Carolina Tohá, y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quienes advertían sobre las complejidades de esta “legítima defensa privilegiada”.

Finalmente, la polémica indicación fue visada por 24 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

Desde las 16.30 horas de este miércoles se analizó en la Cámara Alta el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

Según el acuerdo de los comités parlamentarios, se discutieron en la sala las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados a una iniciativa con urgencia calificada de “suma”.

El llamado proyecto sobre usurpaciones incorporó un artículo impulsado por la oposición que establece una “legítima defensa privilegiada”, que permitiría a civiles recuperar “por mano propia” (según cuestionan en el gobierno) sus terrenos ocupados. Las propuestas que hizo el Ejecutivo fueron casi totalmente desechadas por los diputados.

En la previa a la sesión, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, advirtió que en caso de que el Congreso despache el proyecto con la disposición que ellos cuestionan “el gobierno no lo va a promulgar”.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste adelantó que rechazaría el artículo en conflicto como lo hicieron los diputados DC.

“Esperamos que la coalición de gobierno se ordene”, expresó la senadora, aludiendo las diferencias en las posturas que se manifestaron desde el Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Al partir la sesión, a petición de la senadora de esa última colectividad Claudia Pascual, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria del exdiputado y presidente del PC Guillermo Teillier, fallecido el martes.

El proyecto ingresó en enero de 2021, con autoría de los entonces senadores Felipe Kast, Marcela Sabat y Ena Von Baer, buscando modificar el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

Luego que se detallaran las modificaciones, el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke fue el primero en tomar la palabra recordando el caso de Alejandro Correa, el empresario asesinado por un sicario en medio de una disputa por recuperar una propiedad que mantenía en Quilpué y estaba tomada.

“El gobierno debe tomar conciencia que estamos ante un problema que ya superó, sencillamente, las herramientas legales que teníamos”, sostuvo el legislador de Chile Vamos.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira justificó su apoyo a la iniciativa “como forma de solidarizar con las víctimas” y afirmó que las indicaciones del Ejecutivo rechazadas en la Cámara Baja “iban en el sentido de aumentar impunidad”.

En tanto, el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la comisión de Seguridad del Senado y autor de la ley, indicó que el gobierno desinformaba al señalar que el proyecto permitirá la autotutela. “La ley es explícita en que solo permite la legítima defensa en el caso de que (alguien) es atacado”.

Por su parte, Jaime Quintana (PPD), calificó el proyecto, como salió de la Cámara, como “un bodrio jurídico”. “Esto va a impedir la acción de Carabineros, lejos de posibilitarla, la va a impedir”, destacó.

“Este Senado va a legitimar la instalación de bandas de crimen organizado para recuperar terrenos tomados”, destacó.

El senador Francisco Chahuán (RN) valoró la iniciativa. “Establecer sanciones penales era absolutamente necesario (...) Este proyecto permite iniciar las acciones legales correspondientes”, sostuvo.

Tras Moreira, intervino la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, ratificando lo que había dicho Elizalde.

“No tenemos derecho a interpretar a nuestro gusto lo que dice la ley”, sostuvo la secretaria de Estado.

La ministra explicó que el Ejecutivo dio la palabra para transformar este delito en un delito permanente. El problema, acotó, “es que se está votando sin entender que al ser el delito permanente, su ejecución es permanente”, lo que permitiría ejercer en cualquier momento la legítima defensa privilegiada.

Tohá, sostuvo además que con el afán de subir la pena quedaron igualadas las penas con un marco penal rígido para alguien que solo salta una reja y una persona que hace lo mismo y amenaza a un propietario con un arma.

“Así como está esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo. Vamos a vetarlo, porque nuestro gobierno es responsable. Nuestra firma, no el anonimato va a estar detrás esta ley y no queremos andar por la vida diciendo que nosotros validamos que la gente en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia, sobre todo cuando esta ley está habilitando para pedir la acción de los policías en cualquier momento”, expuso la titular de Interior.