Agravamiento de la crisis en Venezuela

La situación actual de Venezuela ha entrado a un momento caótico y se ha convertido en la crisis política e institucional más grave que hoy enfrenta América Latina. Las marchas y protestas de la oposición en todo el país por ya 69 días ya han dejado al menos 70 muertos, más de 1.200 heridos, centenares de detenidos y han enfrentado una brutal represión de las fuerzas militares y colectivos del gobierno de Nicolás Maduro.

El país parece encaminarse a un estallido social, sin que la comunidad internacional haya logrado reaccionar para evitar una inminente tragedia. La OEA ha mostrado su incapacidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 20 y 21 frente a la configuración objetiva de una "grave alteración del orden institucional y el quebrantamiento del orden democrático" en dicho país.

El fallido encuentro de cancilleres de la OEA en Washington, apuntaba a ejercer presión para revertir el proceso constituyente convocado por el régimen y que ha sido declarado inconstitucional por la propia Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega. Ello constituye un hecho bochornoso que sólo prolonga irresponsablemente la grave crisis que vive el país, pese a los esfuerzos de Luis Almagro, su Secretario General para lograr el restablecimiento de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos. La reunión se ha postergado para la próxima Asamblea General a realizarse en México.

Corresponde revisar el sistema de votación de la OEA que permita ponderar el voto de los 14 países más grandes, incluyendo a Chile, en términos políticos, económicos y demográficos que impulsaron una resolución que instaba a la liberación de los presos políticos, el respeto a las facultades de la Asamblea Nacional y al principio de separación de los poderes del Estado, apoyo a un cronograma electoral por elecciones libres y democráticas en Venezuela bajo supervisión internacional y la apertura de una canal internacional humanitario para mitigar la escasez de alimentos y medicinas que sufre la población.

Dicha resolución no logró su aprobación por la oposición de los 15 estados caribeños afiliados al Caricom, que en su mayoría agradecen a Caracas el petróleo gratuito recibido por largo tiempo. Ello ha permitido al régimen continuar adoptando medidas abusivas y arbitrarias que carecen de toda legitimidad para prolongarse en el poder, aboliendo en los hechos el sufragio universal en Venezuela y el derecho inalienable de su pueblo de ejercer la autodeterminación para definir su propio destino, transgrediendo así su propio orden constitucional, lo que pone al gobierno del presidente Maduro en un estado de dictadura, al borde de la legalidad internacional y en abierta vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La pronta y enérgica condena de la comunidad internacional y regional será decisiva para evitar nuevos derramamientos de sangre del pueblo venezolano que continúa en las calles en su lucha por la libertad y la democracia. Corresponde valorar las recientes declaraciones de la presidenta Bachelet que expresó que "Chile apoya el diálogo entre el gobierno y la oposición", precisando que "los prisioneros políticos deben ser puestos en libertad. Los poderes constitucionales deben ser restaurados y se requiere un calendario electoral en Venezuela".

Es la hora para que nuestro país, conforme a los principios rectores de su Política Exterior de promoción de la democracia y de respeto a los Derechos Humanos exprese de un modo inequívoco la solidaridad y apoyo al pueblo venezolano en esta difícil hora y conforme a su historia reciente asuma un rol activo, junto a otras democracias de la región, en la próxima reunión de la OEA en México, a fin de activar la Carta Democrática Interamericana  en la búsqueda de una solución pacífica e institucional que ponga término a la crítica situación política y humanitaria que vive este hermano país.