Las universidades estatales en la encrucijada

A NADIE dejó indiferente la iniciativa de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, de establecer un nuevo marco jurídico para las universidades del Estado, orientado a mejorar la gestión institucional y aumentar los estándares de calidad. Es evidente que ella no tiene por qué colisionar con los intereses y desarrollo de las universidades que -sin ser estatales- tienen fines públicos. Sin embargo, las universidades del Estado, por su carácter, enfrentan desafíos relacionados con el desarrollo equitativo de las regiones y el acceso a la educación superior de estudiantes de los sectores menos favorecidos. Además, hoy lo hacen en un ambiente social, político y económico donde prevalece la razón de mercado. Max Weber hace un siglo atrás nos advertía del riesgo de la racionalidad práctica, que persigue fines puramente pragmáticos, individuales y egoístas. El 15 de diciembre de 2003, en el diario La Estrella de Arica, el destacado científico chileno, premio nacional de ciencias y académico de la Universidad de Chile, Igor Saavedra, señalaba que "los científicos ya no solo hacen ciencia por amor al conocimiento, sino que por una racionalidad economicista que busca el estatus y el dinero". Sin duda, apuntaba a un problema espiritual que había llegado también (y que se ha ido profundizando) a las instituciones de educación superior en Chile. Las universidades estatales son las llamadas a guiar el quehacer académico, científico y ético de un país.

Posiblemente, a ello se refería la Presidenta Bachelet cuando indicó que las universidades del Estado "deben reflejar lo que como sociedad definimos como excelencia, como estándar para guiar al conjunto del sistema, como referente de calidad y de buen trato".

Lo anterior no es fácil y no basta una ley, es necesario que la comunidad universitaria tome conciencia de su misión. Tiene razón Jacques Derrida cuando nos dice en su texto La universidad sin condición, que ésta es una ciudadela expuesta a ser tomada, que a veces se rinde, incluso "se vende a veces, se expone a ser simplemente ocupada, tomada, vendida, dispuesta a convertirse en sucursal de consorcios y de firmas internacionales". Lo anterior se evitaría con una relación privilegiada entre el estado nacional y sus universidades, con una nueva definición entre lo público y lo privado. Sobre todo, con políticas de largo plazo que apunten realmente al desarrollo, como -por ejemplo- la decisión que se tomó en su tiempo con la organización de Conicyt o la creación de las becas Chile y Nacionales. Hoy es fundamental que nuestro país tenga un sistema eficiente de inserción de jóvenes científicos en las universidades, especialmente en las estatales y regionales. Por cierto, es esencial superar la etapa Conicyt y lograr la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la carrera de investigador incluida.

Estamos seguros que este nuevo marco jurídico para las universidades estatales, podría devolverles el liderazgo que les corresponde como instituciones al servicio de la ciencia y la sociedad. Para que esa misión se alcance, es necesario que el Estado las apoye con decisión y claridad; solo así será posible que sean guías en la oscuridad del bosque y en la soledad del desierto.