“Me avisas y borro”: los hallazgos de la PDI a los WhatsApp de RD en medio de la crisis

“Oigan, entre otras noticias, tenemos un incendio”.

Eran los primeros días de junio y en Revolución Democrática (RD) comenzaban los primeros ruidos respecto del escándalo que se avecinaba: los millonarios traspasos desde la Seremi de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).

Quien envió el primer mensaje fue Araceli Farías (RD), exsecretaria general de la colectividad, quien pone el tema en el chat de la directiva nacional, según un peritaje de la PDI a los teléfonos de Carlos Contreras, Paz Fuica y Edson Dettoni, también exsecretario de RD.

En 55 páginas la PDI analiza estas conversaciones en las cuales se desprenden una serie de conclusiones para la policía, donde se detectaron tres cosas. La primera es que “respecto al celular del imputado Carlos Contreras se logró advertir que este lo habría manipulado con la finalidad de borrar conversaciones con personas que podrían aportar información relevante a la investigación y las cuales además cumplían un rol importante tanto en la Seremi como en la fundación Democracia Viva”.

Además, “el imputado utilizaba varias plataformas de comunicación, entre ellas Signal, la que fue eliminada, y Telegram, el que por motivos de actualización solo se pudo observar el último mensaje enviado o recibido. En cuanto al celular de la imputada Paz Fuica (concejala RD), se puede advertir su vínculo estrecho de amistad y laboral con Carlos Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez, y su rol en la Seremi como encargada de las fundaciones en dicho Servicio, teniendo una influencia importante en las decisiones relativas a los convenios”.

En los WhatsApp de Contreras, por ejemplo, se evidenció una conversación con la encargada del equipo territorial de la diputada Pérez en Antofagasta, Paloma Larraín.

Allí hablan del tema de las fundaciones y los convenios, y en uno de estos pasajes Contreras le advierte, “me avisas y borro”. Esta conversación ocurrió el 1 de junio a las 16.51 de la tarde, a lo que Larraín le responde, “todo ok, borra nomás. Tienes cuenta de Signal? Podríamos conversa”.

Sobre esto, la PDI logró advertir que “al analizar con los parámetros de búsqueda antes señalados, se encontraban diversos chats de interés sin ninguna conversación, entendiéndose que se habrían borrado, dichos chats corresponderían a personas que a lo largo de la investigación podrían aportar información relevante respecto de la investigación”.

En el caso de la directiva nacional del partido hay otros elementos de interés para los investigadores. Estas charlas comenzaron el 6 de junio con Araceli Farías, pero continuaron hasta ya entrado el caso.

Por ejemplo, ese 6 de junio, Farías relató los rumores de los convenios y dijo: “Del equipo de la diputada Pérez están muy preocupados y nos piden reunión urgente hoy, tipo 20 hrs,, para tener todos los antecedentes, ajustar relato y salidas de vocerías, sería importante que Juan Ignacio Latorre Riveros, RD, pueda estar”.

Ya para el 17 de junio interviene el senador Latorre (RD) en el grupo y señala: “Creo importante defender a Cata y a Subse. Dejar caer a Daniel y a Carlos. La Cata no tiene xq hacerse responsable de los convenios que firman Carlos y Daniel”.

Además, agregó que “a menos q se demuestre q ella intercedió en el convenio”.

El 16 de junio es Pérez quien escribe a sus compañeros de partido. “Estimada militancia. Frente a los hechos denunciados por convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, manifestamos que es de nuestra especial preocupación esclarecer los hechos en resguardo de nuestros principios políticos como partido”, expuso.

Dettoni le recomendó cautela, por el momento. Pero Pérez le replica: “Soy una afiliada involucrada”.

Quien también ya estaba más que preocupado era Daniel Andrade, quien también en conversación con Dettoni le revela que “ya revisé correo y WhatsApp y cosas y no pille nada ‘sospechoso’, qué cosas crees que debería revisar en detalle o tener cuidado?”.

El exsecretario general de RD le contesta: “Lo que tienes que tener en cuenta es que eventualmente les pueden pedir la entrega voluntaria de computadores y teléfonos, así como el alzamiento del secreto bancario. Y también pueden pedir la incautación forzosa. Por otro lado, y todo lo que se pierda o se borre levanta sospechas, como el caso del celular de Pradenas”.

Además, agrega, “buscarán cualquier referencia a un beneficio para el funcionario o un tercero para que se realice el convenio, y tráfico de influencia (esto es más complejo, pero refiere a cualquier influencia indebida, y aquí lo indebido podría ser la infracción al deber de abstención)”. Ante esto Andrade le contesta, “no hay nada de eso”.