Democracia Viva: PDI vincula a diputada Pérez en posible tráfico de influencias

Entraba y salía de la oficina en la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Nervioso y preocupado, el 16 de junio, Carlos Contreras veía cómo un escándalo que comenzó como algo regional se transformaba en un problema de proporciones políticas para el gobierno. Ese día se reveló la entrega de $ 426 millones por parte del servicio a la fundación Democracia Viva, ONG vinculada a Revolución Democrática (RD).

La descripción de cómo estaba Contreras el día que estalló el caso lo declaró, ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, la abogada del Serviu de Antofagasta, Aleksandra Vrasalovic.

“Contreras Gutiérrez me llama a su oficina y me solicita revisar comunicados de prensa que responderían a la noticia que saldría ese día sobre su nexo con Daniel Andrade de la fundación Democracia Viva, y señala que sólo lo conoce, pero desconocía su relación de pareja con la diputada Catalina Pérez, siendo la primera vez que escucho que la nombra en alguna reunión. Estaba muy nervioso y constantemente salía a hablar telefónicamente fuera de la oficina”, recordó la testigo ante los detectives.

Su relato quedó estampado en un informe de 60 páginas de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en que se da cuenta a la Fiscalía del resultado de allanamientos, declaraciones de testigos y la revisión de antecedentes aportados en la indagatoria.

El material que juntó la policía les permitió arribar a algunas conclusiones que, hasta ahora, se mantenían bajo reserva. Por primera vez se vincula directamente a la diputada Catalina Pérez, hoy suspendida de RD, con la trama judicial que indaga el Ministerio Público. Hasta ahora el único nexo era su relación sentimental con Andrade que se acabó -según ambos- al estallar el caso. Pero los funcionarios de la PDI apuntan serias sospechas al rol de la congresista.

“No estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que comenten terceros”, dijo el 19 de junio, desde el Congreso, desmarcándose de toda responsabilidad judicial en el caso.

Sin embargo, el 19 de julio la PDI evacuó a la Fiscalía de Antofagasta el primer informe que resultará fundamental para las pesquisas que prepara el equipo investigador. “Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”, se lee en el expediente al cual accedió La Tercera.

“Existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez”.

Informe PDI.

En esa misma línea los policías apuntan a que “fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”.

Una de las primeras testigos en declarar ante la PDI fue Marietta Méndez, funcionaria a honorarios de la Seremi que se desempeñaba como Analista del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura. El 30 de junio relató ante los detectives que “los primeros días de mayo del presente mes el exseremi me muestra una carta realizada por funcionarios de Serviu, dirigida a la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que señalaba que había maltrato de Carlos Contreras contra funcionarios del Serviu. Señalan, además, que les parece extraña la forma en que él había elegido las cinco nuevas fundaciones que participaban en el programa de asentamientos precarios”.

La funcionaria agrega que “llamaba la atención que en una de las fundaciones nuevas estaba la pareja de la diputada por esta región, Catalina Pérez. Y que había un gasto en arriendo de $54 millones autorizado por la Seremi para la Fundación ProCultura”.

Todos los relatos apuntan a que Contreras contrató “a dedo” a la fundación Democracia Viva, pero también a otras.

Méndez, además, señala que en 2021 el Serviu se adjudicó $ 5 mil millones para todos los Programas de Asentamientos Precarios, y que Contreras al enterarse de esto “invita a través de mail a participar en dicho programa, que hasta ese momento sólo era desarrollado por cuatro fundaciones elegidas por Serviu (Campamento Ideas, Techo para Chile, Urbanismo Social, DPR, que es la Delegación Presidencial Regional y Fusupo)”.

Por lo mismo, agregó: “Ignoro cómo fueron elegidas las fundaciones, los criterios que utilizaron; lo que sí sé, es que hay una resolución que el exseremi envió a realizar a jurídica con los requisitos mínimos que debía tener cada fundación para participar. Fue el Serviu quien estableció que los $ 5 mil millones se debían dividir en 74 convenios, debido a que cada uno de ellos no debía superar las 5.000 UTM para que no pasaran por el trámite de toma de razón de la Contraloría”.

Otra de las declaraciones clave la entrega Diego Barrera, analista financiero de la Seremi. En su testimonio reveló que hubo situaciones que encontraba “extrañas”. Por ejemplo, detalló que “me llamó siempre la atención la tendencia política de las fundaciones” y que “escuché conversaciones pro gobierno y antioposición en el sentido de que se debía trabajar a futuro por el Chile revolucionario”.

“Escuché conversaciones pro gobierno y antioposición en el sentido de que se debía trabajar a futuro por el Chile revolucionario”.

Diego Barrera, analista financiero de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

La PDI, a partir de esas declaraciones, también puso el foco en Paz Fuica, concejala de RD por Antofagasta y brazo de derecho de Contreras. “La concejala de esta comuna Paz Fuica podría estar involucrada, ya que según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio”, se lee en el informe.

En ese sentido, también, la PDI advierte: “Llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad”.