Un escolta del Presidente removido de La Moneda: asistía a polígono de tiro ilegal de exmilitar venezolano

Escolta presidencial.

Un carabinero que integraba la comitiva presidencial es uno de los más de 20 uniformados investigados por concurrir a un polígono de tiro ilegal, a cargo de un exmilitar venezolano. La institución lleva una investigación interna, en paralelo a la arista penal del Ministerio Público.


Era un curso al cual llegaban, primero, por redes sociales, y luego por el “boca a boca”. Entre sus asistentes, sin embargo, no había solo civiles, sino que también uniformados de Carabineros y la PDI, quienes -paralelamente a su función- concurrían al club de tiro “V-Raptor”, ubicado en la comuna de Quilicura. Su dueño, un exmilitar venezolano llamado Juan Pablo Ruiz, alias “El Vengador”.

Fue el 10 de junio, a las 17.40 de la tarde que Carabineros recibió la alerta. Por radio se les informó que un importante grupo de funcionarios de la institución habían sido sorprendidos entrenando en el polígono, en medio de una investigación de la PDI por supuestos delitos de “tráfico de armas y municiones”.

En el allanamiento al lugar, la PDI identificó a 16 carabineros que a esa hora practicaban con sus armas, quienes integraban distintas dotaciones de Carabineros: ocho de la Escuela suboficiales de Carabineros, uno del Grupo de Adiestramiento Canino, otro del departamento antidrogas y así. Había de todo y cada uno portaba su arma.

Esos eran los que estaban en el lugar, pero la Fiscalía Centro Norte y la PDI también accedieron a los registros de quienes acudían a ese lugar, donde su dueño fue formalizado y puesto a disposición de Gendarmería, pues quedó en prisión preventiva.

La declaración de “El Vengador”

En ese proceso, donde también se le tomó declaración a “El Vengador”, es que saltó el nombre de un teniente de Carabineros que integraba la escolta del Presidente Gabriel Boric.

“Hace cuatro meses decidí realizar cursos gratuitos para funcionarios policiales de Carabineros y Policía de Investigaciones, pues con mi equipo de trabajo nos dimos cuenta de la necesidad de que dichos funcionarios pudieran ser capacitados, además que no tienen la posibilidad de poder entrenar en disparo (...) Por ejemplo, hace como un mes, tomó uno de mis cursos gratuitos un funcionario de Carabineros de la escolta presidencial, pues tampoco cuenta en su institución con prácticas de tiro frecuentes”, aseguró el imputado en su declaración, según consignó Canal 13.

Estos antecedentes abrieron las dudas en Carabineros, quien en su propia investigación administrativa también cayeron en cuenta que había un escolta presidencial involucrado en el caso. Por lo mismo, una vez identificado, se tomó la decisión de sacarlo del equipo que custodia al Presidente.

Según explicaron desde Carabineros, “debido al perfil técnico y rigurosidad que debe tener el personal que realiza labores de escolta”, fue que se procedió al traslado del oficial, quien ya no pertenece a la dotación de Escolta Presidencial, la cual depende del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros.

Lo que transmitió el carabinero removido desde el Palacio de La Moneda a sus superiores fue que concurrió en mayo al club de tiro y que no sabía que era ilegal. Además, explicó al mando que su asistencia a este lugar fue en calidad de civil y de manera particular, al ver el ofrecimiento que vio en redes sociales.

Pero, en la institución hacen una prevención: las prácticas oficiales de la escolta y de todos los carabineros son en los polígonos oficiales de la policía uniformada. Según explican los carabineros que participaron de estos cursos, lo hicieron no como miembros de la institución, sino que como personas naturales.

Según declaró el principal imputado, el curso se ofrecía gratis sólo a miembros de las policías, por lo que la única manera de obtener este “beneficio” era ser o carabinero o detective.

Fuentes del caso agregan que si iban como civiles o de manera particular, no habrían tenido esa prerrogativa de no pagar. Eso último también está siendo indagado por el Ministerio Público y Carabineros en la investigación administrativa.

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