Soledad Alvear: Reforma procesal penal

HACE 10 AÑOS se instaló en Chile el sistema de justicia penal acusatorio que reemplazó al proceso inquisitivo, escriturado incomprensible para la gente, y poco eficiente, que funcionaba por más de un siglo.

En los 90 asumimos como imprescindible impulsar una transformación profunda sobre la base de estudios serios, proyectos legislativos bien fundamentados y proyecciones ajenas al voluntarismo.

Nos propusimos establecer un sistema que fuera un sólido pilar de la institucionalidad democrática, de los derechos de las personas, caracterizado por la separación de funciones entre investigación y juzgamiento: juicio oral, público, concentrado y con respeto al principio de inmediación; posibilidades de defensa profesional gratuita para quienes no pudieran proporcionársela; procesos con tiempo limitado de desarrollo, y énfasis en la presunción de inocencia.

Conscientes de que esta era una tarea de Estado esencial, el trabajo lo desarrollamos con la participación de expertos, académicos y legisladores de todos los sectores políticos, y con la certeza de que su envergadura seguramente superaría el período gubernamental en marcha. Ello nos hizo establecer un cronograma de cinco etapas, con la flexibilidad de que pudiera modificarse -como se hizo-, dejando para el final de la implementación a la Región Metropolitana para conseguir una instalación gradual.

Desde diciembre de 2000, cuando se inició en las regiones de Coquimbo y de La Araucanía, hasta junio de 2005, que se instaló en Santiago, se pudo apreciar el desenvolvimiento del sistema e ir haciendo correcciones a partir de la experiencia empírica.

La instalación del nuevo sistema acusatorio permitió hacer una gran inversión en infraestructura, creando centros de justicia a lo largo del país, que impactó positivamente en el desarrollo urbano de las ciudades, así como aumentó el número de actores dedicados exclusivamente a investigar los delitos y acusar (fiscales), juzgar (jueces de garantía y jueces del juicio oral) y defender a los imputados (defensores penales públicos). Actualmente, más de 7 mil personas, entre profesionales y

funcionarios de apoyo (sin considerar a los integrantes de organismos auxiliares, como las policías y los peritos), están dedicadas a estas tareas.

A la fecha, sobre 13 millones de causas han ingresado al sistema, los delitos se resuelven con mayor prontitud y transparencia, y gran parte de las personas que es custodiada por el sistema penitenciario se encuentra cumpliendo condena ejecutoriada.

El balance es positivo, no obstante que -como toda obra- debe perfeccionarse en forma permanente, como se está haciendo hoy con el fortalecimiento del Ministerio Público, con el apoyo a las víctimas de delitos y con la especialización de los actores del sistema. La mejora de los resultados de los procesos es muy importante y requiere el compromiso, la capacitación permanente y la coordinación de todas las instituciones intervinientes.