Cómo La Moneda se alista para enfrentar eventuales citaciones de ministros ante fiscalía por lío de platas

“Presidente, le queríamos preguntar por la citación a declarar de sus ministros...”, le preguntó esta mañana la prensa acreditada de La Moneda al Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario sonrió y siguió a paso firme hacia su oficina, sin responder.

La escena se da luego de que en sectores de La Moneda recibieran con sorpresa que ayer se comenzara a instalar por la prensa la posibilidad de que el Ministerio Público cite a declarar a ministros de Estado -particularmente a los ministros Giorgio Jackson (Mideso) y Carlos Montes (Vivienda) y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez- en el marco de la investigación de eventuales delitos de corrupción que se lleva adelante por traspasos entre fundaciones y reparticiones que manejan fondos públicos.

Esa posibilidad se transformó -para el gobierno- en casi una certeza con la intervención que esta mañana realizó el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien no descartó la citación “de ninguna autoridad pública” en el marco de los casos que el Ministerio Público lleva adelante en once regiones del país.

Ya ayer en Palacio se le consultó a la ministra Camila Vallejo cuál era su visión respecto de una eventual citación de autoridades de gobierno a declarar. ¿Cuál es su visión?, le preguntaron durante el punto de prensa, sin que alcanzara a ser alertada previamente por su equipos de la publicación de La Segunda que aseguraba que así sería.

“La misma visión de siempre, que es poder respetar el trabajo del Ministerio Público, de la fiscalía, de la justicia (...). La justicia tiene una labor que cumplir para hacer las labores que le corresponden... para el esclarecimiento de los hechos siempre se llama a declarar a distintas personas, en distintas calidades, a veces como testigos, o en algunos casos porque formaliza a personas porque tiene cierta sospecha de que están implicados en ciertos delitos. Pero las investigaciones se basan en recoger antecedentes, y dentro de eso están las declaraciones, de distintas personas, los que están involucrados directamente, indirectamente, o secundariamente como testigos también. El gobierno no hará ni más ni menos que colaborar con la justicia”, dijo la ministra.

Sus dichos fueron evaluados como “confusos” en sectores del gobierno, desde -en todo caso- se apuraron en recalcar que la posibilidad de que citen a ministros a declarar en el marco del lío de platas era algo totalmente asumido y predecible. “Es algo procedimental”, reiteran en el gabinete.

Pero -hasta ayer- en Palacio también ponían en duda que todos los ministros que se han mencionado estén en el foco investigativo del Ministerio Público. “Papelitos primero”, recalcaban durante la jornada de este lunes algunos personeros de gobierno en alusión a la frase que acuñó el ministro Luis Cordero (Justicia) cuando llegó a contener la crisis de los indultos y evitó comentar hasta no leer los documentos. Esto, porque hasta ahora a ninguna de esas autoridades le ha llegado una citación formal.

De hecho, fuentes del Ministerio Público recalcan a este medio que aún no hay decisiones tomadas respecto de si las autoridades serán citadas a declarar, cuáles y cuándo. Sin embargo, los dichos del fiscal Valencia, durante esta mañana fueron interpretados en Palacio como una confirmación de que varios personeros del gobierno serían citados.

“No descartamos la citación de ningún ministro de Estado, de ninguna autoridad pública, que de un modo u otro pueda tener información útil para el esclarecimiento de los hechos, de ninguna. Pero esas citaciones las vamos a practicar no a través de la prensa, sino directamente conforme a los canales formales cuando sea el caso”, dijo el persecutor esta mañana.

Y antes había señalado en Radio Pauta que “es muy probable” que se llame a declarar a Martínez. “Es parte de lo que uno podría esperar que ocurra en este tipo de casos. No puedo instruirlo, ni ordenarlo, pero es muy probable que eso ocurra. Es como de sentido común”, afirmó en ese medio.

“Es de interés para la investigación el saber cómo se gestó la posible disponibilidad de fondos en la forma en como fueron girados para financiar estas fundaciones (...). Todas las personas, todos los ciudadanos, incluidos los ministros de Estado -y estamos seguros que ellos lo saben-, están obligados a comparecer ante la justicia, ya sea ante la fiscalía o tribunales para efectos de transmitir todo lo que saben y que pueda ser de utilidad para la investigación. Están todos ellos obligados, por ley, nadie está en Chile por sobre la ley”, agregaría más tarde.

En el gabinete desdramatizan la posibilidad de que ministros o autoridades sean citados a declarar. Según entienden en La Moneda, hasta ahora, tanto Jackson como Montes y Martínez deberían ser requeridos en calidad de testigos, lo que -dicen- refuerza la postura que desde el primer día ha sostenido el Presidente Gabriel Boric: que el gobierno colaborará en todo lo que pueda para que los corruptos caigan.

“No hay ningún drama con las citaciones. No nos preocupa”, afirma un alto personero del Ejecutivo, que además recalca que aún no se sabe a quiénes se citará, ni bajo qué causas. El fiscal nacional -de hecho- aseguró esta mañana que los polémicos convenios mantienen 19 investigaciones abiertas, en 11 fiscalías regionales.

En Palacio aseguran que incluso si alguna autoridad terminara imputada, lo que podría ser más complejo, se debe distinguir bien si eso se da por una querella directa en su contra o porque el fiscal a cargo se formó una convicción respecto de eventuales responsabilidades penales.

Ahora, en el gobierno también hay quienes están preocupados por la posibilidad de que se comiencen a presentar querellas direccionadas o se utilicen las ya presentadas para forzar la condición de imputados de algunas autoridades. “Son querellas que no tienen destino, pero que tienen fines reputacionales”, afirman en Palacio.

“Al comienzo cuando yo estuve con el fiscal, cuando fui a Antofagasta a entregarle toda la información que nosotros tenemos, el fiscal me pidió el teléfono personal porque me dijo probablemente lo voy a citar como testigo. Yo partía de la base que esto era así, porque es parte de los procesos con los que se trabaja. No es bueno distorsionar las cosas, eso es parte y tendremos que ir a entregar los antecedentes. Queremos que esto se esclarezca cuanto antes”, dijo esta mañana el ministro Montes desdramatizando el hecho.

Su par de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, afirmó que “tal y como lo dijo el fiscal nacional, todo ciudadano y ciudadana tiene que estar disponible para aportar toda la información que tenga para que una investigación avance, y a mí me alegra que las investigaciones estén avanzando y que de esa manera nosotros podamos conocer a todos los responsables para que tengan que pagar frente la justicia. En mi caso no hay ninguna citación que me haya llegado, yo la verdad no tengo ningún antecedente respecto aquello, pero nosotros somos los más interesados en que esto se aclare, por lo que si podemos apoyar la información yo estaré a disposición de todas maneras”.

Mario Marcel (Hacienda) afirmó, en tanto, que “me parece muy bien que en un proceso judicial se aclaren todas las cosas, para eso estamos los funcionarios públicos, para entregar información que ayude a la justicia (...) eso es lo que corresponde”.

Los ministros Álvaro Elizalde (Segpres) y Carolina Tohá (Interior) también se refirieron al tema en el Congreso. “Totalmente normal, cualquier ciudadano puede ser citado a declarar en cualquier proceso cuando tiene antecedentes que aportar, en democracia no nos debiera espantar nada de eso”, dijo la jefa del gabinete al ser consultada.

Mientras que el titular de la Segpres señaló que “el gobierno no solo tiene voluntad de contribuir al esclarecimiento de los hechos, sino que quiere que las investigaciones sean exitosas (...). Forma parte de nuestra institucionalidad que eventualmente autoridades de todo tipo sean citados a declarar como testigos y, por tanto, tendrán que entregar todos los antecedentes necesarios”. Sobre las querellas particulares, el ministro llamó a la “responsabilidad”.

El ministro Cordero, en tanto, advirtió en la misma línea que “me preocupa que se comience a naturalizar en el debate político nacional el uso de la querella, como un medio para contrastar o amparar una estrategia política”.

Por el lado del Ministerio Público, todas las fiscalías regionales que tienen alguna de las aristas del caso “líos de plata” deben realizar reportes periódicos de los estados de avance, hallazgos y diligencias que tienen agendadas. Esta información se centraliza en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional que es dirigida por Eugenio Campos. El abogado es quien coordina las pesquisas, para que por “economía procesal” no se dupliquen citaciones a declarar, informes periciales, solicitudes de documentación, incautaciones, etc.

Ya está establecido que cuando un fiscal requiera el testimonio de un ministro de Estado esto será informado a Campos. Si por ejemplo en el marco de una investigación se hace necesaria la toma de declaración del ministro Jackson, será informado a la Fiscalía Nacional para que se coordinen los equipos. Así, si existe otro fiscal regional que requiere la misma diligencia, entonces se puede optar a que el secretario de Estado sea citado a declarar solo una vez, y en la diligencia responder los interrogatorios de las distintas aristas en todo Chile, y en particular las que competen al ministerio que dirige.

Hasta el momento no hay citaciones en curso para funcionarios de primera línea y, comentan fuentes del Ministerio Público, la calidad del ministro Carlos Montes y de Jackson sería de testigo, sin descartar que más adelante con el avance de la investigación esto pueda cambiar, pero por el momento no existen antecedentes que permitan a algún fiscal del país sospechar de su participación directa en los delitos que se investigan: fraude al Fisco y lavado de activos.