“Se ha reaccionado violentamente a la acción de la justicia”: El recurso de Interior para revertir libertad de werkén de Temucuicui

El Ministerio del Interior presentó una acción de reposición ante la Corte de Apelaciones de Temuco, luego del fallo que dispuso la liberación de Jorge Huenchullán Cayul. El reconocido comunero mapuche es investigado por el delito de tráfico de drogas, luego de que el 7 de enero se encontraran $4 millones en efectivo en su domicilio, 12 kilos 705.62 gramos de marihuana y 500 plantas de cannabis sativa, que estaban cultivadas en los terrenos aledaños a su casa. Su formalización está fijada para el jueves, pero pocos creen que se presentará.




Fue el 7 de enero de este año cuando 800 efectivos de la PDI ingresaron a la Comunidad Temucuicui, en La Araucanía. Los detectives buscaban sacar más de mil plantas de marihuana del lugar, luego de una larga investigación liderada por el Ministerio Público. El operativo no terminó bien: una emboscada terminó con más de diez policías heridos y uno fallecido a bala.

Sin embargo, los efectivos policiales lograron incautar un porcentaje de la droga pesquisada, y una parte importante de ésta estaba en la casa y terrenos del conocido werkén Jorge Huenchullan Cayul. Allí se encontraron $4 millones en efectivo; matas de marihuana que estaban al interior de un horno a leña en proceso de secado (3.02 gramos); un revólver calibre .22; 12 kilos 705.62 gramos de marihuana y 500 plantas de cannabis sativa cultivas. “Se realizó prueba de campo a las sustancias vegetales incautadas y arrojaron positivo a la presencia de THC”, dice un reporte policial.

Huenchullán no estaba en casa, y las sospechas dan cuenta que antes del operativo fue alertado y logró escapar. El 7 de febrero se despachó una orden de detención en su contra, y no fue ubicado hasta el 30 de junio de este año cuando, apremiado de un grave cuadro de Covid-19, fue internado en el Hospital de Victoria. El Ministerio Público pensó que sería la posibilidad para tenerlo bajo control y formalizarlo, pero estas pretensiones se cayeron ayer: la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por la defensa del comunero y al visar una orden de no innovar, Huenchullán quedó en libertad.

La noticia -era de esperar- no cayó bien ni en la Fiscalía, ni en el Ministerio del Interior: “Lamentablemente fue la Corte de Apelaciones de Temuco la que lo dejó en libertad, a la espera de su audiencia de formalización el día 29 de este mes”, dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. En el ente persecutor, en tanto, deslizan que no se entiende una resolución de este tipo, dado que no se toma en cuenta la realidad de la zona.

La Corte mantuvo la fecha original de formalización de Huenchullán para el 29 de julio, pero en el Ejecutivo sospechan que podría no presentarse.

Por lo mismo -para asegurar su comparecencia y lograr su arresto, revirtiendo la resolución del tribunal de alzada de La Araucanía-, el gobierno se jugará su última carta a través de un recurso de reposición.

En el texto -presentado en la Corte de Apelaciones de Temuco- el gobierno planteó que “no se logra vislumbrar cuáles son las razones para haber acogido la orden de no innovar solicitada”. En ese sentido, agregaron que hay un “evidente peligro de fuga que existe en el caso concreto, que se manifiesta en la conducta contumaz y refractaria que ha tenido el imputado para comparecer a los llamamientos de la justicia”.

Interior puso como ejemplo lo ocurrido en la comunidad Temucuicui, el 7 de enero: “Cuando se ha tratado de ingresar a su domicilio se ha reaccionado violentamente ante la acción de la justicia, encarnado esta en la policía que ingresó a su domicilio, y que fue repelida con armas de fuego, contexto en el cual resultó fallecido un funcionario de la PDI. Ha manifestado conductas de rechazo a la acción de la justicia”, expusieron los abogados del gobierno en el documento.

Las razones de la Fiscalía para asegurar la detención

El 22 de julio fue cuando la PDI alertó al Ministerio Público de una posible “salida anticipada” de Huenchullán, desde el Hospital de Victoria. Si bien la audiencia de formalización estaba fijada para el 29 de julio, los investigadores querían asegurar su comparecencia.

Por lo mismo, el fiscal Felipe González solicitó al Juzgado de Garantía de Collipulli acceder a la orden de detención del imputado, antes de la fecha fijada para su formalización. La PDI alertó ese día al ente persecutor sobre la seguridad en el centro médico y posibles vulneraciones que había en relación a su custodia (que no la había, en rigor).

Según el Informe Policial N° 300 de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI de Angol, Huenchullán estaba en el sector sur del centro asistencial, el que contaba con “seis vías de acceso tanto principales como de emergencia, de las que una de ellas se ubica a una distancia de menos de 50 metros de la vía pública”.

El reporte consideró que “presente esta alta vulnerabilidad” y, considerando la posible mejoría del imputado, “facilitaría una eventual salida anticipada del paciente antes de ser dado de alta médica o una posible extracción o retiro del mismo por parte de terceras personas”.

El 21 de junio de 2018, Huenchullán ya había sido condenado por el delito de cultivo de drogas.

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