Diputados de Chile Vamos ofician a ministra de Justicia y solicitan que entregue respuesta formal sobre continuidad de cárceles concesionadas si gana el Apruebo

La tarde de este lunes los tres diputados jefes de bancada de Chile Vamos oficiaron a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a fin de que se pronuncie respecto de lo que ocurrirá con las 12 cárceles concesionadas que hay en el país en el caso de que la opción “Apruebo” se imponga en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Esto, porque como exponen Francisco Undurraga (Evópoli), Jorge Alessandri (UDI) y Andrés Longton (RN), existiría un grave vacío en lo referente a la continuidad de eso recintos que albergan a alrededor de 14 mil personas privadas de libertad, ya que no hay norma transitoria que aplique explícita gradualidad a la norma que, de aprobarse la propuesta de la Convención, supondría el fin de ese tipo de penales.

De acuerdo con el inciso primero del artículo 338 de la propuesta constitucional, “solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. Esta función no podrá ser cumplida por privados”.

Por lo mismo, los parlamentarios acusan: “Luego de un estudio hemos detectado que existe un grave vacío relacionado a la no existencia de una norma transitoria que despeje en qué situación quedarán los más de 14.000 privados de libertad (...) pues la propuesta de texto que se va a plebiscitar no contiene un mecanismo para que el sistema de cárceles concesionadas pueda operar transitoriamente, pues el artículo 338 propuesto es taxativo”.

De acuerdo con parlamentarios de oposición, pese a que la ministra ha explicado cual es la postura del Ejecutivo en torno a este tema, aún existen dudas y piden se pueda fijar una respuesta más formal. Ante la Comisión de Constitución del Senado, en todo caso, Ríos fue enfática en que “tenemos una convicción clara de que, de acuerdo a lo que está establecido en el texto constitucional, en ningún caso se va a cerrar ninguna cárcel una vez que entre en vigencia, si es que fuera aprobada, la propuesta de texto constitucional”.

Por lo anterior, los jefes de bancada solicitan a la secretaria de Estado que “por escrito se nos indique cuál es la base legal para sostener que al tenor del artículo 338 del texto constitucional propuesto y a la ausencia de disposición transitoria, se pueda sostener lo que usted señaló en dicha comisión de este Honorable Congreso Nacional”.

Por medio del mismo escrito, los citados diputados hacen referencia a que se requiere una respuesta urgente en esta materia, ya que lo que estaría en riesgo -según ellos- es demasiado grave. De no mediar gradualidad en la disposición adviertes entre las consecuencias:

“1.- Automáticamente las labores de salud, limpieza, alimentación, y sobre todo de reinserción, deberán pasar a manos de Gendarmería de Chile.

2.- Esto afectará gravemente, sobre todo en el ámbito de la reinserción, la cual de acuerdo a la norma constitucional expresa, sólo podrá ser proveído por el Estado.

3.- Podría interpretarse que si el régimen de cárceles concesionadas es inconstitucional, las cárceles concesionadas podrían quedar imposibilitadas de funcionar, lo que afectará al régimen de prisiones preventivas.

4.- Ya que queda claro que la labor de cumplimiento y las labores de reinserción no puede ser cumplidas por privados, y al no haber norma transitoria, el texto no deja claro si es que se puede utilizar la infraestructura concesionada o no. Si se interpreta que sí, la operación completa de las cárceles tienen que pasar a por el sólo ministerio de la constitución a Gendarmería”.