Caso Caval: Impacto al corazón del bacheletismo

Varios ademanes nerviosos terminaron por convencer al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre (PPD), de cambiar el tema. El secretario de Estado participaba en el comité político extraordinario convocado por la Presidenta -el miércoles 25- cuando intentó abordar el caso Caval y fue interrumpido por los gestos de sus compañeros de gabinete.

La advertencia a Eyzaguirre daba cuenta de un acuerdo tácito que se ha instalado en La Moneda por estos días: nadie toca en instancias grupales el tema del polémico préstamo que ayudó a gestionar el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, para la empresa de su esposa, salvo que la propia Bachelet lo ponga sobre la mesa.

En esa línea, aseguran en Palacio, los efectos del caso Caval no han sido abordados en ninguna reunión colectiva que haya encabezado la Presidenta.

Antes de iniciar la cita del comité político, en la que además del titular de Educación participaron los ministros del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien debió interrumpir sus vacaciones; de la Segpres, Ximena Rincón (DC); de la Segegob, Alvaro Elizalde (PS); el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS), y la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, la Jefa de Estado convocó por separado a su despacho a cada uno de los ministros políticos.

Fue entonces que los secretarios de Estado pudieron conocer el estado de ánimo de la Presidenta y escucharon algunas palabras sobre las duras semanas vividas por ella tras el estallido del escándalo que terminó con su primogénito -a quien había pedido encabezar la Dirección Sociocultural de La Moneda- fuera del gobierno y envuelto en una ácida controversia por eventual uso de información privilegiada y enriquecimiento.

Uno de los comentarios de Bachelet que más han conmovido a sus ministros y asesores es que tiene la convicción de que este tema "la seguirá toda su vida pública".

La Mandataria no exagera: hay consenso en que el escándalo fue un golpe directo a la naturaleza de su liderazgo -afianzado en una suerte de reivindicación de la antielite- y a la imagen pública que la ha convertido en una figura popular especialmente en las clases más desfavorecidas.

Es por ello que fuentes de Palacio aseguraron que Bachelet se ha mostrado en privado duramente golpeada por la crisis y que "anda decaída" y cabizbaja.

Un desánimo que -en todo caso- sólo ha evidenciado en público el lunes 23, cuando retomó sus funciones en La Moneda luego de tres semanas de vacaciones en Caburgua y se refirió -por primera y única vez hasta ahora- al denominado caso Caval.

"Para mí, como madre y Presidenta, han sido momentos difíciles y dolorosos, pero también quiero enfrentarlos con ustedes con claridad y con decisión", señaló Bachelet en una solemne alocución en Palacio, en la que sólo aceptó tres preguntas de la prensa. "La confianza que los chilenos me dieron al elegirme, yo la voy a honrar", señaló la Mandataria, al tiempo que -visiblemente incómoda- afirmó que "no tuve ninguna información ni previa, ni después. Me informé en Caburgua por la prensa" al ser consultada si tuvo información previa de la reunión que sostuvo su hijo con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para gestionar el préstamo de $ 6.500 millones para la adquisición de un terreno en Machalí, cuya venta reportó $ 2.500 millones de ganancias a la empresa de su esposa.

Fractura en el Palacio

El martes 24 en la noche, el ministro Peñailillo decidió a interrumpir sus vacaciones.

A esa altura, ya había llegado a oídos del secretario de Estado que las críticas que un sector de la Nueva Mayoría estaba haciendo a su manejo del caso Caval comenzaban a amplificar sus decibeles. "Los miembros de la vieja guardia quieren instalar la idea de que son ellos los que solucionan los problemas", ha comentado en los últimos días con molestia Peñailillo a sus cercanos, dejando constancia de que está consciente desde dónde vienen los cuestionamientos.

Lo cierto es que existe un diagnóstico compartido entre las cúpulas de los partidos oficialistas respecto de la debilidad en la conducción política que reflejó todo el episodio gatillado por el hijo de la Presidenta. Varios de los dirigentes apuntan, de hecho, directamente contra la figura del jefe de gabinete, a quien responsabilizan por no haber dimensionado la gravedad de las acusaciones contra Dávalos y no prever que éstas impactarían en la imagen de la Mandataria.

En las críticas contra Peñailillo, que han trascendido el ámbito de las conversaciones privadas (el lunes pasado, el presidente de la DC, Ignacio Walker, cuestionó públicamente el manejo de los ministros), ha pesado otro factor: la posibilidad de que el actuar del jefe de gabinete en el caso Dávalos pueda haber resentido la relación entre la Presidenta y su principal hombre de confianza en La Moneda.

El propio ministro ha señalado en reserva que ha tomado nota de que la manera en que manejó el episodio pudo haber tenido costos en su hasta ahora siempre aceitada relación con Bachelet.

Esa impresión se ha visto reforzada por el protagonismo con que el titular (S) de Interior, Mahmud Aleuy, ha tomado las riendas de La Moneda en los últimos días, impulsando una agenda para regular la relación entre negocios y política para intentar sortear la crisis del caso Caval.

A sus cercanos, Peñailillo ha comentado que "hizo lo que más se puede" en un escenario particularmente complejo, no sólo porque involucraba a algunos miembros de la familia presidencial, sino que también por la escasa información que proporcionó Dávalos durante la crisis.

"Este no es momento de sacar ventajas pequeñas, sino de apoyar el acuerdo que la Presidenta proponga", afirmó el senador PPD Guido Girardi.

Fue en este ambiente enrarecido que Peñailillo notificó el martes 24 a su equipo de que al día siguiente interrumpiría sus días de descanso y se trasladaría a Santiago.

Apenas asumió sus funciones en reemplazo del ministro del Interior, Aleuy advirtió que la renuncia de Dávalos a La Moneda estuvo lejos de aquietar el ambiente y en el oficialismo comenzaron a surgir cuestionamientos que amenazaban con un desbande en las filas de la propia Presidenta.

Así se configuró un escenario en el que Aleuy comenzó a articular la búsqueda de un acuerdo transversal. En menos de una semana, a Palacio llegaron el presidente del PS, Osvaldo Andrade; de la DC, Ignacio Walker; del PR, Ernesto Velasco; del PC, Guillermo Teillier, y el vicepresidente del PPD, Ricardo Lagos Weber.

A ello se sumaron dos reuniones de Aleuy con el timonel UDI y contactos con personeros RN.

Andrade secundó los esfuerzos del ministro (S) y reforzó las conversaciones con Silva y el secretario general de la UDI, Javier Macaya, además de otros líderes oficialistas.

A la gran mayoría de los timoneles oficialistas que han conversado con Aleuy los sorprendió la franqueza del personero socialista: en las respectivas bilaterales el ministro (S) ha señalado que se necesita una salida político-legislativa a la crisis, que los escándalos han horadado el sistema político en general y que hay que "cuidar a la Presidenta".

Las mismas fuentes sostienen que -sin abordar el tema directamente- Aleuy ha deslizado que Bachelet está muy afectada y ha pedido "solidaridad" con la Mandataria, poniendo término a las críticas públicas a Dávalos y el negocio de Caval.

La ausencia del titular de Interior en los últimos días ha generado -con todo- un movimiento inusual en Palacio. Durante casi todo el martes 24, cuando se ponía en marcha la idea de un acuerdo transversal, se vio a la directora de la Secretaría de Comunicaciones, Paula Walker, en las oficinas del Ministerio del Interior. La escena, que para muchos podría ser común, llamó la atención de varios de los que trabajan con Aleuy y Peñailillo, ya que la ex jefa de prensa de Bachelet hace meses que casi no aparece por ahí, debido a que su rivalidad con Peñailillo la ha mantenido alejada. Pero con el ministro de vacaciones, pudo dialogar en más de una oportunidad con Aleuy.

"Compartir los costos"

En la UDI se señala -no sin un dejo de ironía- que lo que no logró el caso Penta, que indaga prácticas irregulares de financiamiento de campañas en su mayoría gremialistas o incluso la arista Soquimich, que investiga el uso de mecanismos similares y en la que se ha vinculado a personeros de la Nueva Mayoría, lo consiguió el préstamo del Banco de Chile a la nuera de la Presidenta.

A principios de octubre de 2014, el presidente gremialista, Ernesto Silva, intentó contactar al ministro Peñailillo. Por ese entonces, la sede de la calle Suecia comenzaba a ser golpeada por la investigación del fiscal Carlos Gajardo y Silva buscaba un acuerdo transversal -al estilo del impulsado en 2003 por Pablo Longueira y Lagos- para contener la crisis. El portazo de La Moneda fue fuerte: "No es el momento", fue el mensaje del titular de Interior.

El pasado fin de semana, el ánimo en la sede de gobierno -sin embargo- cambió. El sábado 21, el presidente gremialista recibió un inesperado llamado del ministro (S) Aleuy. Horas antes, Marie Emmanue-lle Verhoeven, la llamada "comandante Ana", procesada por el asesinato del senador Jaime Guzmán, había sido detenida en India y el Ejecutivo comprometía sus esfuerzos en lograr la rápida extradición de la otrora dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Ambos acordaron reunirse el lunes 23 en La Moneda. La cita -no obstante- fue el escenario para que Aleuy oficializara ante el timonel UDI que el Ejecutivo abriría en las próximas horas una rápida ronda de conversaciones destinada a generar un acuerdo que permita a la clase política superar los cuestionamientos abiertos por los casos Penta y Caval.

Quienes conocieron los términos de la conversación entre Aleuy y Silva señalan que el ministro (S) fue crudo al abordar el tema. Sin rodeos, el personero socialista le señaló a su interlocutor que el avance judicial de las causas que están en el Ministerio Público sumado a los cuestionamientos a Dávalos han decantado en un "problema institucional" y que se hace necesario generar condiciones para evitar una crisis insalvable en el sistema político.

Silva compartió el diagnóstico, aunque hizo ver que la UDI "ya ha pagado caras" las implicaciones de algunos de sus personeros en prácticas de financiamiento irregular y que llegó la hora de "compartir los costos" del escándalo.

En lo concreto, las palabras del timonel gremialistas apuntan a que su colectividad está disponible para dar soporte político a la búsqueda de un acuerdo y se sumará a éste con sus votos en el Parlamento, pero no detendrá su ofensiva judicial en contra del hijo de la Mandataria y no suscribirá un pacto estilo fast track destinado a blindar a los personeros de la Nueva Mayoría ni a la familia de la Presidenta.

Aleuy tomó nota

Poco después de abordar el tema con Silva, el ministro (S) tomó el teléfono en varias oportunidades para contactarse con los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría. Aleuy les recordó que además de los implicados en el caso Penta y su arista Soquimich, en el Ministerio Público se siguen causas en contra del senador del PPD Eugenio Tuma, quien es acusado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por fraude al Fisco; el 10 de marzo, en tanto, será formalizado el senador independiente por Magallanes Carlos Bianchi, a quien la fiscalía acusa de utilizar subterfugios para desviar recursos fiscales a familiares de su cónyuge y, también a inicios de este mes, será formalizado por fraude al Fisco Christian Urízar, diputado del PS, acusado de desviar fondos públicos por $ 100 millones del gobierno regional de Valparaíso.

La arremetida encabezada por Aleuy tuvo un discreto protagonista: el presidente del PS, Osvaldo Andrade.

Viejo conocido de la Mandataria, correligionario y, además, timonel de la colectividad en la que milita Dávalos y su esposa, Andrade siguió desde una clínica -donde se sometió a una intervención quirúrgica- los primeros episodios del controvertido préstamo otorgado a la empresa de Natalia Compagnon.

Al término de esa semana, la conclusión en la elite socialista era una sola: la crisis había generado un desgaste preocupante en la imagen presidencial.

El diagnóstico de Andrade coincidió con el retorno de vacaciones de Aleuy y la salida de Peñailillo para tomarse unos días de descanso.

Propuestas sobre la mesa

En las últimas horas, desde La Moneda se han despachado invitaciones a expertos y analistas en temas de regulación de financiamiento de la política para visitar en los próximos días Palacio.

Los contactos -algunos realizados desde la Presidencia- buscan dar forma al diseño de una nueva institucionalidad en materias pro transparencia que permitan superar la crisis política iniciada por la irrupción en la agenda pública de prácticas de financiamiento irregular de campañas y el denominado caso Caval, donde se acusa de tráfico de influencias y uso de información privilegiada al hijo y a la nuera de Bachelet.

Aunque no es la idea inicial, hay quienes sostienen en la Nueva Mayoría que la convocatoria a los expertos derive en la conformación de una comisión ad hoc encargada de preparar la propuesta para regular los vínculos entre las actividades privadas y las públicas.

La fórmula de "hombres buenos" toma fuerza en el oficialismo, en la medida en que supone que la solución a los problemas queda en manos de no incumbentes, lo que podría generar mayores grados de credibilidad pública a sus propuestas.

Sin embargo, en la Nueva Mayoría también hay quienes advierten que optar por este camino podría alargar la crisis, ya que la eventual comisión requiere tiempo para consensuar y decantar las alternativas de salida.

En las conversaciones preliminares que se han entablado en los últimos días entre personeros de gobierno, oficialismo y de la oposición, ya se han definido criterios básicos para la nueva institucionalidad y entre los consensos que ya comienzan a tomar forma están la pérdida del escaño en caso de que un parlamentario sea condenado por prácticas irregulares de financiamiento, el término de los aportes reservados a las campañas y elevar los estándares de las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades públicas, así como establecer restricciones más severas para el regreso de las autoridades al mundo privado en áreas que hayan estado bajo su supervisión.

Del mismo modo, existen amplias coincidencias en que se deben fortalecer las atribuciones del Servicio Electoral para fiscalizar el financiamiento de campañas y procesos electorales en general, por lo que la idea de una superintendencia que reemplace al organismo también toma fuerza.

El acuerdo -en caso de prosperar- busca establecer un hito en materia de regulación del mundo privado y público, a 12 años del acuerdo de modernización de la política impulsado por el gobierno de Ricardo Lagos y la UDI.