Corte Suprema cuestiona informe de Comisión Investigadora del Sename y respalda a ministro Carreño

El juez Héctor Carreño podría ser acusado políticamente tras la aprobación del informe que revela responsabilidades en vulneraciones de derechos a menores en residencias colaboradoras del Sename.




Por más de tres horas se reunió el Pleno de la Corte Suprema, con el objetivo de discutir los alcances del informe elaborado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, por las presuntas vulneraciones y abusos cometidos al interior de residencias colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, Sename.

Uno de los motivos de la cita fue tomar una postura acerca de la eventual acusación constitucional en contra del Magistrado Héctor Carreño, planteada por algunos parlamentarios, ya que según se determinó en la investigación, el juez habría impedido hacer llegar las denuncias al Ministerio Público, para indagar la presencia de eventuales hechos constitutivos de delito.

Sin embargo, los ministros integrantes de la Corte Suprema, cuestionaron el informe y manifestaron que la Cámara ha excedido sus atribuciones.

"La Cámara de Diputados ha afectado el principio de separación de poderes", dijo la ministra vocera del Pleno, Gloria Ana Chevesich.

"La Corte Suprema lamenta el escenario al que se ha visto arrastrada", dijo Chevesich, quien agregó que "se destaca especialmente el proceder inconstitucional de la Cámara de Diputados al declarar anticipadamente la responsabilidad constitucional y política de un ministro de este Tribunal, sin seguir el procedimiento dispuesto por la Carta Política".

Tras el Pleno, escuetamente, el ministro Carreño aseguró estar "tranquilo", y evitó referirse a los temas tratados en la reunión.

Según el informe analizado por la Comisión Investigadora de la Cámara, -elaborado por el Poder Judicial y la Unicef-, 12 menores encuestados aseguraron haber sido víctimas de graves vulneraciones a sus derechos en residencias, entre ellas incluso mencionaron abusos sexuales.

La causa es investigada por el fiscal jefe de Magallanes, Juan Agustín Meléndez.

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