Gobierno admite desproporción en gasto para reos

"No resulta para nadie proporcional las cifras que se entregan para la atención de un reo con respecto a la atención del Sename", señaló la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, al ser consultada por los $ 724 mil que gasta el Estado en mantener un preso en Chile, lo cual supera en $ 430.000 el dinero que por subvención el Fisco destina a los niños atendidos por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Pese a admitir que la diferencia "no puede resultar evidente al sentido común", la ministra destacó que el alto monto para los internos "tiene explicación".

Esta cifra, dada a conocer hoy por La Tercera, generó diversas reacciones en políticos y expertos.

Así, el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, indicó que los $ 724 mil dedicados a cada reo contemplan todos los gastos propios del sistema, incluidos salud, educación, traslado y personal custodio. Según detalló, el 73% del presupuesto va dirigido a sueldos de Gendarmería, el 20% para traslados y consumo, mientras el restante a infraestructura.

En opinión de Rojas, con el dinero actual se han aumentado las plazas laborales y educacionales para los internos, aunque advirtió que aún es insuficiente: "Siempre es poco en materia de reinserción, se puede hacer mucho más. Por ejemplo, incorporar a la empresa privada para que dé trabajo".

Respecto de los $ 294 mil que se destinan aproximadamente a cada niño del Sename, Narváez destacó el aumento en los recursos a partir de 2018, luego de que el Congreso aprobara el presupuesto para la institución con un alza del 8,2%, en comparación a 2017. La partida para el próximo año superará los $ 7.500 millones y hará crecer la subvención por encima de los $ 300 mil.

No obstante el alza, la directora nacional del Sename, Solange Huerta, indicó que los estudios elaborados tanto por organismos colaboradores como por el propio servicio "concluyen que el sistema actual de subvención es insuficiente". En este sentido, remarcó que la discusión parlamentaria en torno a la reestructuración del modelo de protección y reinserción juvenil apunta a corregir el actual sistema.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) cuestionó el gasto que el erario público realiza mensualmente en los presos y aseguró que para contrarrestarlo es necesario que los centros penitenciarios "se transformen en lugares de trabajo y capacitación". Al respecto, el congresista dice que es clave que los gobiernos "se tomen en serio este tema, convoquen al sector privado con incentivos tributarios y estos inviertan en infraestructura".

Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, aseveró que los recursos destinados al sistema penitenciario "no están siendo efectivos" en el cumplimiento de los dos requisitos mínimos que este debería cumplir: respeto a los derechos humanos de los internos y evitar la reincidencia. Este último ítem, explicó Johnson, alcanza el 50% durante los tres primeros años desde que la persona abandona la prisión.