La Moneda sale a enfrentar crisis por plata en la política y prepara nueva institucionalidad

Cuando el lunes y martes el presidente de la UDI, Ernesto Silva, llegó a La Moneda a hablar con el ministro de Interior (s), Mahmud Aleuy, sobre la detención y extradición de Marie Emmanuelle Verhoeven, alias comandante Ana, además hubo otro tema sobre la mesa.

El ministro y el diputado coincidieron en la necesidad de impulsar una nueva legislación para enfrentar los severos cuestionamientos por el financiamiento de la política y la relación entre lo público y lo privado.

Un día después, la Presidenta Michelle Bachelet arribó hasta la sala de reuniones del Palacio de La Moneda para liderar un comité político extraordinario, en el que participaron los ministros Rodrigo Peñailillo -quien interrumpió sus vacaciones para asistir a esta cita-, Álvaro Elizalde, Ximena Rincón, Alberto Arenas, Nicolás Eyzaguirre, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, y la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte.

"Esta reunión es para mirar los proyectos legislativos, prioridades, cómo vamos a ir avanzando (…) Y también algunas otras decisiones que yo he tomado y que creo que son importantes para partir el año", dijo Bachelet al iniciar el encuentro.

La decisión de la Mandataria era una sola: solicitarle a los ministros del comité político la elaboración de una propuesta para crear un marco institucional que regule de manera más estricta los vínculos entre las actividades privadas y las públicas.

La petición realizada por la Mandataria se da en medio de la investigación que está realizando el Ministerio Público en el caso Penta y su arista Soquimich por presuntos financiamientos irregulares a campañas políticas, además de la polémica protagonizada por su hijo, Sebastián Dávalos, luego de que se hiciera público un millonario negocio inmobiliario por parte de la empresa Caval, de propiedad de su esposa, Natalia Compagnon. El cuestionado intercambio comercial provocó la renuncia de Dávalos a su cargo y una investigación por parte de la Fiscalía Regional de O' Higgins.

Al encuentro que tuvo Silva con Aleuy a inicios de semana se suman una serie de conversaciones que han sostenido las directivas de la UDI y RN para definir una postura común frente a este tema. De hecho, la última reunión al respecto se realizó el martes entre los secretarios generales de ambas colectividades. En los diálogos con los partidos de oposición también ha tenido protagonismo el presidente del PS, Osvaldo Andrade.

Criterios básicos de la propuesta

El trabajo que deberán realizar los secretarios de Estado no partirá de cero porque ya fueron definidos los criterios básicos que contendrá el documento, el que sería entregado a la Presidenta a inicios de la segunda semana de marzo.

Uno de los principales lineamientos es reformular el sistema con que se realizan las declaraciones de intereses de las autoridades gubernamentales, ampliando, por ejemplo, la cantidad de funcionarios que estarán obligados a emitirlas, además de sumar más sanciones para quienes incumplan la entrega de esta información.

Otro de los ejes apuntará a aumentar las causales de inhabilidad para asumir o postular a cargos públicos. También se planteará endurecer las penas para quienes en el sector privado hagan uso de información privilegiada.

En relación al sistema electoral, la iniciativa del gobierno hará más restrictiva la normativa que regula la permanencia de parlamentarios en sus cargos si es que incurren en ilícitos. Esto apuntaría a sancionar el mal uso de recursos en campañas, así como también durante su gestión parlamentaria. Para esto se creará una nueva institucionalidad para fiscalizar procesos electorales, lo que se podría traducir en la creación de una superintendencia que reemplace o se coordine con el Servel

Finalmente, se acordó que se fortalecerá a través de indicaciones el proyecto de financiamiento a la política presentado por el Ejecutivo en diciembre del año pasado y se realizarán modificaciones a la actual ley de lobby.