Presidente del Consejo para la Transparencia explica polémica con el Gobierno por correos institucionales

Alejandro Ferreiro se refirió al conflicto que se ha generado después que el Gobierno recurriera al tribunal constitucional para garantizar la privacidad de los correos de funcionarios públicos.




El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, explicó las principales diferencias que mantiene con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera a raíz del acceso a los correos electrónicos entre funcionarios públicos que propone el Consejo, que los considera como material público.

En diálogo con radio Cooperativa, Ferreiro explicó que "el Consejo para la Transparencia, garantiza dentro de sus funciones que los datos personales que obran en poder de la institución sean resguardados".

Según el funcionario, la polémica con el Gobierno tiene relación con los correos electrónicos.  "Lo que nosotros hemos dicho en un par de fallos es que los correos entre funcionarios públicos, sobre materias públicas, donde se utilice el servidor estatal y por tanto se invoca en el correo la condición público de quienes participen en él, no puede considerarse una información privada que tenga tal carácter. Estamos frente a información pública y por lo tanto debe ser revelada".

Sobre eventuales fallas de acceso a la información que pudiese tener el programa Chilecompra, Ferreiro señaló "nosotros en el Consejo para la Transparencia no evaluamos la calidad de los procesos, evaluamos que la información relativa a las compras públicas, a la existencia de los contratos, esté en línea, en que allá referencias al portal de Chilecompra en cada contratación relevante, y en esa medición el puntaje promedio del año 2011 fue de 96,3%, es decir la información de las compras públicas está, otra cosa es discutir la calidad del proceso de compras públicas, que tan abiertos son los términos de referencia, cuales son los criterios de adjudicación de una oferta sobre otra".

El presidente del Consejo para la Transparencia contextualizó, además, la función que cumple su organización. "Estamos midiendo  la transparencia activa y esto corresponde a la obligación de publicar en los sitios electrónicos de los organismos públicos la información de 14 temas fundamentales que la ley estableció como prioritarios para el interés público. Estamos hablando de subsidios, transferencias, los actos con efectos sobre terceros, contrataciones y compras, las formas de participación ciudadana, trámites, etc. En consecuencia respecto a transparencia activa, el acceso es muy expedito, en lo que uno se demora en acceder en hacer el click y acceder a la información por internet"

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