Quema de 29 camiones en Los Ríos enfrenta a la fiscalía con empresarios

Gobierno se querellará por delito terrorista y el Ministerio Público investigará el caso bajo ese ilícito. Abbott los emplazó a mejorar su seguridad y gremios dijeron que es tarea del Estado evitar estos atentados.

A las 4.05 de este lunes, en el sector de San José de la Mariquina, en la Región de Los Ríos, se produjo el mayor atentado destinado a quemar camiones en el marco de la violencia rural. Desconocidos destruyeron 29 máquinas y en el lugar se encontró un panfleto adjudicando el ataque a la agrupación Weichán Auka Mapu, grupo que ha estado detrás de una serie de hechos violentos en La Araucanía. El escrito indica: “Fin al montaje Lucksinger (Sic) Mackay. Libertad a todos los PP (presos políticos) mapuche. Sabotaje al negocio forestal”.

Según la información que ha recabado Carabineros y el Ministerio Público, el atentado ocurrió cuando un grupo aproximado de ocho personas ingresó hasta al recinto de la empresa Sotraser, perteneciente al grupo Bethia que es controlado por Carlos Heller. Dos de ellos redujeron al guardia con armas de fuego largas y los restantes quemaron los camiones. Además de las 29 máquinas destruidas, también se registraron seis vehículos con daños y un taller mecánico resultó destruido por las llamas. Para concretar el atentado, los autores habrían aprovechado el dispensador de gasolina del lugar.

Las medidas de seguridad para prevenir el ataque generaron un enfrentamiento entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, y gremios empresariales. El que primero abordó el tema fue la máxima autoridad del Ministerio Público, quien tras recibir al ministro del Interior, Mario Fernández, indicó que “pienso que los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente en una zona donde sabemos el nivel de riesgo que existe. Que haya 35 camiones, que se encuentre un dispensador de bencina y una sola persona que esté custodiando esos bienes, me parece francamente una decisión de parte de los empresarios que no dice relación con el riesgo que provoca el quehacer empresarial en ese sector”. Agregó también que habría esperado que existieran cámaras en el lugar.

Menos de una hora después, Fernández se sumó a las críticas de Abbott: “Cada uno tiene que hacerse cargo de sus asuntos y, por lo tanto, el fiscal nacional tiene toda la razón cuando señala que las empresas también deben tomar medidas de seguridad y, al parecer, en el lugar donde ocurrieron estos hechos no eran adecuadas”.

Los aludidos no tardaron en responder. Claudio Troncoso, gerente general de Sotraser, señaló que “lamentamos las declaraciones de la autoridad responsabilizando a las empresas por no tener mayor protección. Nuestro foco está en el desarrollo económico y social de Chile. Mantener la seguridad y paz de los chilenos es tarea del Estado”. Troncoso indicó, además, que las pérdidas alcanzaron los US$ 6 millones ($ 3.762 millones) y que los vehículos prestaban servicios a Forestal Valdivia.

Troncoso también explicó a La Tercera que presentarán acciones legales y catalogaron el hecho como un “terrorífico atentado” y agregó que “llevamos 14 años operando sin problemas en esa zona, nadie está preparado para un ataque terrorista, menos en una zona donde jamás se había producido un incidente de esta naturaleza”.

En tanto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, calificó el atentado como terrorista y añadió que “garantizar la paz, la seguridad y la posibilidad de desarrollar una actividad productiva constituyen obligaciones esenciales del Estado chileno, que no están siendo ejercidas como es debido. La quema de casi 50 camiones en 10 días es gravísimo e inaceptable”. Esto se debe a que el 19 de agosto fueron quemados 18 camiones en La Araucanía. Weichán Auka Mapu también se adjudicó el ataque.

Moreno pidió rediseñar los protocolos con que opera la fuerza pública e hicieron “un llamado urgente a las autoridades del Estado a realizar sus máximos esfuerzos y tomar las acciones que corresponda para hacer respetar la Constitución y el estado de derecho, garantizando la protección de los derechos de quienes viven y trabajan en las regiones que están siendo frecuentemente afectadas por atentados terroristas”.

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) también respondió a Abbott: “Manifestamos nuestra total sorpresa, ya que en los hechos está llamando a los particulares a asumir la primera y más importante tarea que le compete al Estado: garantizar la seguridad de sus ciudadanos”. La entidad añadió que “creemos que la ciudadanía tiene el derecho de exigir a las autoridades políticas, policiales y judiciales resultados concretos en cuanto a la captura de los responsables de estos atentados”.

En la misma línea, la Corporación Chilena de la Madera manifestó que “grupos minoritarios violentistas, amparados en la impunidad casi total, tienen de rehén a una región y áreas crecientes de otras (…). El Estado ha mostrado incapacidad total de garantizar sus derechos constitucionales”.

Otro gremio que se refirió a los dichos del fiscal nacional fue la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC). Sergio Pérez, su presidente, dijo que “son las instituciones estatales las que deben mantener el estado de derecho”. Además, apuntó al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy: “Es el gran responsable de los atentados en La Araucanía y los robos que ocurren en la zona central a los camioneros”.

Para abordar este ataque, el gobierno citó una reunión con diversas autoridades relacionadas con la seguridad pública. Así, por los pasillos de La Moneda desfilaron los jefes de inteligencia de ambas policías. Estas reuniones fueron encabezadas por Aleuy.

En horas de la tarde, el subsecretario viajó a Los Ríos para reunirse con el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez. La fiscalía, por su lado, decidió indagar el atentado bajo la Ley Antiterrorista, ya que actuó un grupo de personas y las amenazas estaban dirigidas hacia un sector en particular: las forestales. El Ejecutivo, en tanto, presentará querella invocando la misma figura legal.

La Presidenta Michelle Bachelet también abordó este atentado. “Vamos a combatir la violencia y no vamos a tolerar que grupos minoritarios, que no valoran el diálogo, echen por tierra el gran esfuerzo que todos los actores de las regiones del sur están haciendo para promover el desarrollo y superar la exclusión”, señaló.

En tanto, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, indicó que “la primera responsabilidad de un gobierno es garantizar y asegurar el orden público, por lo que me parece absolutamente absurdo y significa una elusión de sus propias responsabilidades el pretender culpar a los ciudadanos del terrorismo en las regiones del sur”.

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