Valparaíso: permisos de construcción enfrentan al Congreso y el municipio

Para la primera semana de enero quedó fijado el encuentro entre la Cámara de Diputados y el municipio de Valparaíso, en el cual se buscará visar y posiblemente "abonar" el dinero de los permisos de construcción, correspondientes a trabajos en la sede legislativa. El objetivo de estas faenas es acomodar el edificio para el arribo de los 43 nuevos parlamentarios y sus equipos asesores, tras la última elección.

El tema, sin embargo, ha sido complejo y esta semana levantó una polémica. Se trata, fundamentalmente, del ajuste de nuevas oficinas y del reordenamiento de ambos hemiciclos, para albergar a 155 diputados y 50 senadores, modificaciones que suponen, preliminarmente, un pago de $ 200 millones al municipio porteño.

El punto es que, por el lado del Parlamento, el trámite se da como un hecho. "Los permisos ya están otorgados y no hay que pedir nada adicional; la primera semana de enero entregaremos el proyecto y pagaremos una primera parte de ese permiso, como el 10%, a través de un cheque girado por la Cámara de Diputados. Se cancelará en total unos $ 200 millones, por ajustes para la llegada de nuevos parlamentarios", precisó el secretario de la Cámara, Miguel Landeros.

Por el contrario, el alcalde Jorge Sharp se ha mostrado escéptico. Hoy, a través de un comunicado, en la sede edilicia se indicó que "hasta la fecha, lo único que existe son reuniones entre representantes del Congreso y nuestra Dirección de Obras Municipales, que no han derivado en ingresos de la documentación requerida. Por ahora, hay una diferencia en la categorización de las modificaciones".

Se agregó que "mientras la empresa consultora que lleva las tramitaciones por parte del Congreso plantea que las nuevas estructuras corresponderían a una 'modificación parcial', profesionales de nuestra dirección dicen que lo proyectado obedece a una 'modificación global' del edificio. Nosotros sostenemos que se deben cancelar los permisos de las nuevas obras como lo haría cualquier ciudadano".

La distancia del municipio, sin embargo, tiene larga data. Su génesis está en una demanda que el alcalde Sharp planteó a inicios de su administración y que él denominó "deuda histórica", por los permisos de construcción del Congreso Nacional, levantado en un bien de uso púbico. "Desde el Congreso señalaron que van a reparar todos estos años que el edificio ha funcionado sin permiso a través de una inversión en el barrio Almendral por una cifra que bordearía los $ 1.300 millones. Pero no hay claridad aún de eso", se aseguró en el municipio porteño.

El presidente de la Cámara, diputado Fidel Espinoza (PS), señaló que el reclamo del alcalde "es algo que se está resolviendo y donde la Dirección de Obras del municipio participa. El edil tiene claridad de que estamos trabajando y hemos sido la mesa que más ha avanzado en el problema. Llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para comprometer recursos para un proyecto de integración urbana, que será firmado en enero por ambas cámaras".