SEÑOR DIRECTOR:
La reciente designación de los abogados integrantes en las cortes de Apelaciones a nivel nacional ha suscitado críticas desde diversos sectores. Pero a pesar de ser un tema debatido desde hace algunas décadas, no se ha evidenciado real una modernización del sistema.
Al igual que ha sucedido con los miembros externos de la Corte Suprema, el papel desempeñado por los abogados integrantes -en caso de inhabilidades o ausencias de los titulares en las salas-, resulta crucial en la labor de los tribunales superiores, pues su experiencia aporta de manera significativa al proceso judicial.
Reconocidos juristas han ejercido esta labor a lo largo del tiempo, enriqueciendo con sus conocimientos, dando perspectivas diversas, emitiendo votos de minoría que comienzan a conformar criterios jurisprudenciales, así como contribuyendo con su trayectoria académica o práctica jurídica al servicio de la magistratura. Incluso algunos de ellos han sido designados como miembros del más alto tribunal posteriormente.
Las críticas a estos cargos giran en torno al sistema de nombramiento (poco transparente y dependiente del gobierno de turno), la duración de sus funciones (muy breve) y el régimen de incompatibilidades que no siempre aseguraría su independencia.
El error que hemos apreciado en las declaraciones del mundo político durante estos días -con notables excepciones, incluyendo las del propio ministro de Justicia-, es entender que la única forma de modernizar las instituciones es mediante su eliminación, sin evaluar maneras de mejorarlas.
El modelo usado por el Tribunal Constitucional parece ser una posible solución para las cortes: brindar apoyo en los problemas de integración diaria, enriqueciendo la labor de los tribunales superiores con la experiencia y conocimientos de abogados externos, pero bajo un marco de mayor control y transparencia en la designación y régimen de funciones.
El contar con un nombramiento público en que intervengan distintos poderes del Estado dota de la legitimidad democrática y transparencia buscadas. Con un régimen de incompatibilidades y responsabilidades se asegura independencia y con remuneraciones y dedicación previamente conocida, se puede fomentar la permanencia de profesionales destacados. Estos elementos permitirían ayudar a sortear los cuestionamientos que la institución ha enfrentado.
Sebastián Zárate
Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Constitucional
Universidad Autónoma de Chile
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