Acusación constitucional: una institución en crisis

SEÑOR DIRECTOR

En estas semanas se han presentado dos acusaciones constitucionales (contra una jueza y contra un exministro). Con esto, ya van ocho las interpuestas en poco más de dos años, lo que representa casi un tercio del total de acusaciones presentadas en las últimas tres décadas.

Como es implausible que el motivo del aumento exponencial en el número de acusaciones se deba a un aumento -también exponencial- de los ilícitos constitucionales perpetrados por las autoridades que pueden ser objeto de tales acciones, lo más probable es que estemos ante un cambio de las motivaciones que llevan a parlamentarios a utilizar este instrumento, en lugar de una mayor predisposición de jueces y ministros a desconocer la Constitución y las leyes.

Algunos han sugerido que estaríamos ante una suerte de “mutación constitucional” a este respecto, es decir, ante un cambio gradual acerca del sentido de esta institución, originalmente concebida como un “último recurso” para sancionar graves transgresiones al orden constitucional cometidos por altas autoridades. Así, en el caso de las acusaciones dirigidas contra ministros de Estado, esta acción estaría transformándose en una suerte de censura ante gestiones ministeriales deficientes.

El problema de esta mutación es que -al contrario de lo que ocurre en regímenes parlamentaristas-, en nuestro sistema la sanción de una acusación constitucional exitosa no se limita a la destitución del afectado, sino que lleva aparejada la prohibición para desempeñar funciones públicas por cinco años. Así las cosas, y como suele suceder con este tipo de “mutaciones”, el resultado es un engendro irreflexivo. En este contexto, el inminente proceso constituyente permitirá estructurar las acusaciones constitucionales de manera racional.

Javier Couso

Académico UDP y Universidad de Utrecht