Acusetes y traidores

02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO PEATONES - TRANSEUNTES - BARRIO FINANCIERO - HABLANDO POR CELULAR - SANTIAGO

Gerardo Ovalle, socio en Yrarrazaval, Ruiz-Tagle, Ovalle, Salas & Vial.



Competir no es bueno para las empresas en cuanto a rentabilidad se refiere. Lo anterior es crudo, pero cierto. Para firmas rivales actuar coordinada y colaborativamente es más rentable que competir. Es por ello que las colusiones, mientras la tierra gire, existirán. Siempre habrá compañías dispuestas a saltarse las reglas (arriesgando sanciones) a cambio de más dinero.

Asumida esa realidad, debemos analizar qué hacer: para que se generen la menor cantidad de carteles posibles; y para que los que igualmente se formen se desbaraten prontamente.

La mejor herramienta para ello es la delación compensada. Es decir, la exención o reducción de sanciones al miembro de un cartel que aporta antecedentes a la autoridad para desbaratar el mismo. Dicha herramienta, por un lado, desincentiva y complejiza la formación de carteles y, por otro, permite que éstos sean desarticulados.

Ahora bien, hay algo en nuestro ADN -o tal vez inculcado desde la infancia- que nos hace a priori repudiar a los “acusetes”, además de “traidores” con los demás miembros del cartel. Y sobre todo si cometieron un ilícito tan grave como la colusión. Peor aún si, para colmo, organizaron el cartel y coaccionaron al resto para que participara. Ese repudio (tal vez injustificado porque podría ser una nueva administración la que decide hacer la delación) hace intuitivamente repeler la idea de que salgan impunes. Siendo así, fomentar beneficios y seguridades para la delación no es una idea fácil de vender para los políticos. Encarcelar (y por largos años) a quienes fragüen colusiones, en cambio, se vende fácilmente a la ciudadanía.

El problema es que la potencial aplicación de sanciones penales a los coludidos inhibe la delación compensada y más aún si ésta no otorga debidas seguridades. Pocos se aventuran a hacer uso de esa herramienta si saben que existe riesgo de que su delación no sea acogida, pudiendo -por ende- terminar encarcelados. Próximamente se cumplirán cuatro años desde la incorporación de las sanciones penales a la colusión y no se conocen (públicamente al menos) delaciones compensadas relativas a hechos ocurridos tras dicha incorporación. En cambio, se conocen cinco importantes carteles desbaratados por delaciones compensadas presentadas antes de la inclusión de las sanciones penales a nuestro sistema (pero cuando ello ya era algo en discusión).

Entendámoslo: fortalecer la delación compensada (ponerla a tono con jurisdicciones más avanzadas y hacerla más segura para quienes la utilicen) significa, al final, fomentar la competencia y otorgar a la ciudadanía mejores bienes y servicios y a un menor precio. Aunque cueste más vender la idea políticamente, debe legislarse en ese sentido para inhibir la formación de carteles, desestabilizar a los que igualmente se originen e incluso para poder aplicar sanciones penales a los coludidos que no se auto delaten. Elevar las sanciones penales sin fortalecer a nuestra golpeada delación compensada (como se discute hoy en el congreso), puede -por el contrario- generar la creación de carteles más sofisticados y difíciles de detectar, lo cual perjudicaría a los consumidores. Ello, además de no cumplir el anhelo de ver la aplicación de sanciones penales a quienes se hayan coludido.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.