Cuando las fuerzas políticas suscribieron el “Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución”, el 15 de noviembre de 2019, probablemente era impensado un escenario como el que hoy estamos viviendo. A tres años del estallido social, será nuevamente necesario un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para un nuevo proceso constituyente, ahora bajo un difícil escenario y con algunos puntos a considerar.
La oposición declaró su intención de no suscribir acuerdo alguno en octubre, para tomar distancia de lo que denominan “octubrismo”. Lo cierto es que es irrelevante la fecha de la suscripción de un nuevo acuerdo en la materia, mientras se dé cumplimiento al mandato ciudadano emanado del plebiscito del 25 de octubre de 2020. Allí, el Congreso Nacional y las fuerzas políticas que lo integran, tienen la obligación y deber de habilitar un nuevo proceso, aportando claras directrices sobre los márgenes de la discusión.
El primer acuerdo debe apuntar a un cronograma constitucional breve, contando con una nueva propuesta constitucional en el menor tiempo posible, para que en estas mismas fechas del próximo año la ciudadanía ya cuente con una nueva propuesta constitucional pronta a someterse a plebiscito. Es urgente y necesario para el país dar un cierre definitivo -y de la mejor forma posible- al asunto constitucional que Chile ha arrastrado por décadas.
Un cronograma breve implica que exista un apoyo de un comité técnico que acelere el proceso y acompañe en todo momento la redacción del órgano, como una asesoría transversal y fundamental, pero desde una perspectiva neutra y no deliberante, dado que la función política debe corresponder en un 100% al órgano electo democráticamente. Aportando una propuesta de funcionamiento del órgano, las principales conclusiones de la participación ciudadana, la sistematización de las propuestas constitucionales y sugerencias programáticas, desde experiencia comparada a discusiones nacionales en la materia.
Además, es necesaria la consideración de un mecanismo de participación que contribuya a la legitimidad del proceso. Dado que se espera un proceso breve, el alcance de este mecanismo también debiera ser breve, pero incidente, apuntando a objetivos claros, como la deliberación ciudadana sobre las prioridades constitucionales que debieran ser urgentemente abordadas. Allí, es necesaria la generación de una potente campaña de educación cívica, fomentando la información sobre el proceso y desincentivando fake news.
Es suma, es necesario un acuerdo que comprenda la necesidad de contar con un cronograma breve y que el órgano constituyente no comience con una hoja en blanco, sino que reciba un margen claro a partir de: bases constitucionales, relevantes aportes técnicos y conclusiones significativas de la participación ciudadana.
Oposición y oficialismo deben estar de acuerdo en la urgencia por resolver la cuestión constitucional lo antes posible -lo que no implica de ninguna manera renunciar a la generación de acuerdos en otras urgencias legislativas, como seguridad pública o seguridad social-, y estar a la altura del mandato constitucional que la ciudadanía exigió.
Por Diego Díaz, investigador de Asuntos Constitucionales en Rumbo Colectivo
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