Es altamente probable que este 1º de junio, en la cuenta pública que el Presidente Boric leerá ante el Congreso pleno, nuevamente el mundo del libro y la lectura queden una vez más disconformes por la ausencia de propuestas reales, con bases en información fidedigna y seria para el fomento de esta actividad.
Es absolutamente inaceptable, que desde hace tantos años y tantos gobiernos se sigan elaborando políticas públicas para el libro y la lectura basadas fundamentalmente en “tincadas” y expresiones de deseo. El Consejo Nacional del Libro y la Lectura, dependiente de la Subsecretaría de Cultura y las Artes, cuenta con un departamento de Estudios que debiera conocer la cantidad de libros que se importan, imprimen y leen en Chile. Solo tiene una información de los que se registran localmente, los que no necesariamente se publican. También debiera saber quiénes leen y quiénes no leen y porque sucede esto. Menos aún, se conoce que leen los que leen. No es posible que sigamos dando por establecido que los libros en Chile son caros, sin ningún tipo de estudio y medidos por una seudoinformación turística sesgada.
El Ministerio de Cultura debe contribuir a generar una información muy importante para el conjunto de la industria, como es la venta de libros, que permitirá, entre otras cosas, a los autores conocer mensualmente la cantidad de ejemplares vendidos de cada uno de sus títulos. Eso es proteger realmente a los autores y sus derechos autorales. Se deberían publicar estadísticas integrales mensuales de los libros solicitados en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (físicos y digitales), que permitirían orientar a los autores, editores y libreros y al conjunto de otras bibliotecas para sus adquisiciones. Para cuidar y hacer más eficientes los fondos públicos, hay que estudiar estadísticas de las adquisiciones de libros, por parte del aparato público, sobre todo de títulos que jamás han sido solicitados en ninguna biblioteca pública durante varios años. Con este cúmulo de desconocimientos y de falta de data como se dice hoy, no debemos seguir elaborando políticas públicas para el libro y la lectura, cuya evaluación posterior no se hace ni de casualidad. En fin, no hay espacio en esta columna para las innumerables falencias estadísticas del aparato público y privado sobre la materia.
Propongo dos ejes sobre los cuales se podría elaborar una política para este tema. Primero, dar prioridad a los lectores, vale decir a la demanda en lugar de a los editores, que son en este caso la oferta. Segundo, apostar al desarrollo interno de los hábitos de lectura y de difusión del libro por sobre la eventual internacionalización del libro chileno. En base a estos ejes prioritarios, no exclusivos, deberían orientarse los programas y las líneas de acción del Ministerio de Cultura en lo que al libro y la lectura se refiere, en perfecta y estrecha relación con el Ministerio de Educación.
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