El anteproyecto que entregó la Comisión Experta al Consejo Constitucional ha sido en general bien recibido en ambientes académicos y políticos. Se agradece un trabajo riguroso, que refleja diálogo.
El documento aborda, tanto el derecho como la libertad de educación, en continuidad con la tradición constitucional anterior. Por una parte, se asigna al Estado un papel central en la promoción del derecho a la educación en sus distintos niveles, así como la tarea de “crear, sostener y coordinar una red nacional de establecimientos educacionales pluralista en todos los niveles de enseñanza”. Además, asegura que todas “las personas tienen el derecho de abrir, organizar, mantener y desarrollar establecimientos educacionales, sin otra limitación que las impuestas por el orden público y la seguridad del país”. Más adelante se agrega que “el Estado respetará la autonomía de las instituciones de educación superior”.
El respeto al pluralismo es un deber del Estado porque asegura el espacio que merecen las distintas miradas, facilitando la posibilidad de encontrar la mejor solución a los problemas que se enfrentan.
Libertad y autonomía se explican por la existencia de diferentes tradiciones culturales, sociales y religiosas que conviven en nuestro país y que merecen el máximo respeto y valoración. Estas se manifiestan y desarrollan a través de la educación que favorece su traspaso de una generación a otra.
Padres, estudiantes y profesores tienden a reunirse en torno a proyectos educacionales afines, con los que comparten una misión e identidad. Así han surgido instituciones diferentes, que aportan con sus miradas a un conjunto plural.
La obligación del Estado de crear una red de establecimientos educacionales pluralista constituye un deber efectivo en las entidades estatales, lo cual sin embargo es difícil de llevar a cabo. Sería necesario trabajar a nivel curricular, generando amplios consensos, y asegurando la diversidad de visiones del cuerpo docente.
Por esta gran dificultad, es especialmente importante la libertad y autonomía de las instituciones privadas, incluidas las escuelas particulares subvencionadas. En estos casos, no es necesario que cada institución considere una amplia diversidad de miradas, porque las personas pueden decidir la propuesta educativa que les resulte más afín. Es el conjunto el que asegura el pluralismo.
Los colegios particulares subvencionados ofrecen un modelo educativo que considera el aporte de los padres, favoreciendo el derecho preferente de las familias a escoger la educación de sus hijos. Lamentablemente, la educación particular subvencionada se ha debilitado en los últimos años. La legislación anterior tenía muchos defectos que había que corregir, pero favorecía la creación de proyectos muy diversos. Estos colegios han perdido algo del empuje y visión de sus sostenedores.
El nuevo proyecto constitucional sienta las bases para una educación de calidad, pero queda mucho camino que recorrer.
Por José Antonio Guzmán C., rector Universidad de los Andes
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