Despejando las dudas de Escazú

Por Juan José Obach, director ejecutivo, y Edesio Carrasco, colaborador asociado, Horizontal

El viernes pasado, el Presidente Boric inició el proceso de adhesión al Acuerdo de Escazú, despachándolo al Congreso para su votación. Si bien el objetivo de este tratado es bastante claro –garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental–, aún existen dudas sobre qué implicancias, ventajas y riegos podría traer esta decisión para Chile.

Es importante tener claro que los tres elementos antes mencionados ya están presentes –en mayor o menor medida– en la legislación chilena actual. Contamos con una ley de acceso a la información pública (Ley 20.285), con una ley de bases del medioambiente (Ley 19.300), con un Ministerio y Superintendencia (Ley 20.417) y con Tribunales Ambientales (Ley 20.600), entre otros órganos. Hoy, por ejemplo, cualquier ciudadano está a un click de distancia para informarse sobre los proyectos de inversión aprobados ambientalmente (1.317 en los últimos cinco años) y no existen mayores limitaciones para que cualquier persona o comunidad pueda recurrir ante los tribunales justicia (generales o especiales) para hacer valer sus derechos (la alegación de falta de legitimación activa es un asunto del pasado). En materia de participación, pudiendo aun avanzarse más (especialmente en las DIAs), el camino recorrido ha sido incremental.

Dicho lo anterior, ¿qué sentido tiene adherirnos a Escazú? Porque formando parte de este tratado, el país podrá actuar como un articulador y promotor de la protección ambiental en América Latina y el Caribe. El cambio climático es un problema global, no local, que necesita de una acción conjunta de los países para enfrentarlo de la mejor manera. Así, Chile tiene la oportunidad de reforzar su liderazgo en esta materia y promover la participación de la sociedad civil en los asuntos ambientales. El camino iniciado por Chile hace décadas en cuanto a la apertura cultural y comercial debe seguir su curso, por lo que más integración internacional es siempre bienvenida, sea en este u otros tratados (TPP11).

Sin embargo, el mayor riesgo de Escazú se encuentra en su aplicación nacional. Existe el riesgo de que los jueces resuelvan controversias nacionales aplicando en forma directa las disposiciones del Acuerdo –algunas vagas y sin una mayor precisión en nuestro ordenamiento jurídico, como el Art. 4.1 que dispone el derecho de vivir en un “medio ambiente sano”– por sobre la ley chilena, y según la interpretación que ellos mismos hagan de los términos que contiene este acuerdo. Esto podría aumentar la incerteza jurídica y los espacios de discrecionalidad, esta vez judicial, en la difícil tarea de conciliar el desarrollo económico, la equidad social y la protección del medioambiente.

Una opción para corregir este problema es que el gobierno presente una Declaración Interpretativa al Congreso, estableciendo que las disposiciones del Acuerdo de Escazú deberán ser consideradas como no-autoejecutables para Chile, o al menos algunas de sus cláusulas. Esto significa que algunas de sus disposiciones solo podrán ser aplicadas por los tribunales de justicia a través de la legislación chilena vigente (o a través de nuevas leyes que el Congreso dicte para adecuarnos a los estándares de Escazú). Cualquiera sea el caso, lo relevante es que esto permitiría reducir los espacios de discrecionalidad que algunas de sus disposiciones pudieran generar, permitiendo conciliar los distintos derechos e intereses en juego. La solución propuesta es una alternativa que han usado distintos países como Estados Unidos, cuando en 1992 se adhirió al Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

La inevitable lucha contra el cambio climático nos tiene hoy en una encrucijada: adherirnos al Acuerdo de Escazú es un paso en la dirección correcta, pero no podemos hacerlo sin despejar las legítimas dudas e incertidumbres. No solo se trata de avanzar, sino también de hacerlo bien, contando el derecho internacional con herramientas para ello.