El sistema de educación escolar chileno está muy restringido producto de sus regulaciones. Esto explica, en parte, el bajo dinamismo que presenta a la hora de asignar cupos a estudiantes. Por una parte, la apertura de nuevos establecimientos se ha paralizado en la última década. Por otra parte, no existe salida de establecimientos de baja calidad. El último bastión de los incentivos en este sistema lo entrega el financiamiento por asistencia.
La entrada de establecimientos al sistema está prácticamente paralizada. En parte, debido a que en 2016 se restringió la creación de colegios subvencionados a zonas con demanda insatisfecha, lo que impediría su creación en, al menos, 78% de las comunas de Chile (Horizontal, 2024). Si bien hay discusión sobre avanzar en eliminar dicha restricción, los esfuerzos han sido insuficientes. Al 2015 existían 7.652 colegios subvencionados en educación básica y al 2023 han crecido sólo un 1% en 8 años.
Por el lado de la educación pública, tampoco existe nueva oferta educativa: se han creado sólo 10 colegios desde el 2017 (El Mercurio, 2024). La misma subsecretaria Arratia reconoce que “Chile no ha tenido una inversión explícita y robusta en una política nacional de infraestructura educativa desde los 90″ (El Mercurio, 2024). Al 2015 existían 6.791 colegios públicos en educación básica y al 2023 también han crecido sólo un 1%.
Esto se conjuga con una incapacidad del sistema para terminar con establecimientos de bajo rendimiento reiterado. Si bien el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) contemplaba la salida del sistema de establecimientos con bajo rendimiento durante 5 años (siempre y cuando no muestren señales de mejora y los niños tengan una alternativa mejor). En la práctica, ningún colegio ha cerrado desde la creación del Sistema. Esto, en parte, es por la coincidencia de los plazos para notificar a los apoderados con la pandemia, situación que lo hizo imposible.
Así, el stock de establecimientos escolares se encuentra prácticamente fijo desde el 2017. Frente al crecimiento poblacional, ¿por qué hubiésemos esperado que el sistema absorbiera adecuadamente esta nueva demanda si la oferta no tiene espacios para adaptarse? En este contexto, el financiamiento por matrícula y asistencia es el último bastión de incentivos del sistema. Si bien se le critica por su potencial impredictibilidad, los distintos pisos y compensaciones han mitigado esta debilidad. Sumando y restando, debe ser protegido y potenciado.
El sistema educativo, el Ministerio, las escuelas y los sostenedores no están compuestos por buenas o malas personas, sino que por funcionarios, docentes, apoderados y estudiantes que responden a los incentivos que la regulación les impone. Por ende, diseñar una política pública sin considerar los incentivos que instaura, elimina, o modifica es hacernos trampa en el solitario.
Por Santiago Montiel Zecchetto, investigador de Horizontal
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