El aumento del delito de usurpación en Chile

Carmen Gloria Aravena, senadora

Durante los últimos meses, los casos de usurpación de terrenos y viviendas han aumentado en forma preocupante. Solo en la Macrozona Sur se registró un crecimiento del 688% durante el primer trimestre de este año y en La Araucanía las tomas llegaron a un total de 129 durante el mismo período.

Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿por qué no se moderniza una ley de más de 100 años? ¿No es urgente aumentar las penas para este delito?

Pese a que existen distintas mociones para subsanar las deficiencias de la norma vigente, en la Comisión de Seguridad del Senado no se ha logrado avanzar y establecer penas privativas de libertad para castigar esta práctica, como ocurre en otros países de Latinoamérica, tales como Argentina, Perú o Panamá, donde las condenas alcanzan hasta los 12 años de cárcel.

Lamentablemente, la usurpación es un fenómeno que se repite cada vez con mayor frecuencia en Chile. La ocupación ilegal de viviendas de un proyecto habitacional que estaba ad portas de ser entregado en la comuna de San Pedro de La Paz causó indignación a nivel nacional, pues muchas de ellas incluso no pudieron ser devueltas a sus dueños.

A esto se suman las tomas ilegales de terrenos ocurridas en diversas localidades, donde se ha dado espacio a loteos brujos que constituyen verdaderos proyectos que se venden de manera irregular, promoviendo el lucro y el fortalecimiento de organizaciones criminales que amenazan a los vecinos.

Con la baja penalidad asociada, pues se contempla solo una multa, no se desincentiva la ejecución del delito. Así, si la usurpación no es violenta, la sanción oscila entre las 6 y 10 UTM, mientras que la usurpación violenta tiene una pena de 11 a 20 UTM (entre $550 mil y un millón de pesos).

El problema que surge al no implementarse una pena privativa de libertad, es que la situación de flagrancia para el desalojo inmediato tiene un plazo acotado de 12 horas, cuando la mayoría de las veces la perpetración es en circunstancias que no permiten advertir su ocurrencia.

Ante esta realidad, presentamos un proyecto para modificar la legislación y así proteger el derecho de los legítimos propietarios. Sin embargo, la iniciativa -que fue fusionada con otra similar- quedó en pausa cuando el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado (donde correspondía ser estudiada) renunció a su cargo y a la misma Comisión.

Las cifras no mienten. Es por eso que hemos insistido en la urgencia de endurecer las sanciones para el delito de usurpación. Pedimos a los senadores de la Comisión de Seguridad que se considere la suma urgencia que el Ejecutivo le ha puesto a este proyecto y que de una vez por todas se castigue como corresponde.