Equilibrando la cancha desde las pensiones

La reforma al sistema de pensiones se mantiene en el tope de la agenda pública, con propuestas desde el Ejecutivo y el Parlamento, las que solo suman desencuentros entre los distintos actores y explican por qué la discusión del proyecto se encuentra empantanada en el Senado por más de nueve meses.

Hoy lo único concreto es que se debe consensuar una reforma que, en lo estructural, aumente las actuales pensiones, mejore la tasa de reemplazo de las pensiones futuras, tenga un costo cero para los sueldos mínimos, favorezca especialmente a las Pymes y contribuya a reducir la desigualdad. Estas son de las principales demandas ciudadanas que movilizan transversalmente al espectro de actores políticos y sociales, en la búsqueda de una anhelada paz social.

Una propuesta que reúna las condiciones anteriores requiere de una lógica redistributiva y solidaria, en que los trabajadores que reciben sueldos más altos aporten a las pensiones de los trabajadores que ganan menos.

¿Cómo? La cotización adicional en seis puntos porcentuales debe emanar de los trabajadores y, debe distribuirse en partes iguales entre las cuentas individuales y un fondo solidario. El 3% solidario se calcularía sobre el total de los ingresos del trabajador y no sobre el tope legal imponible que actualmente es de 80,2 UF.

Así, los trabajadores de mayores ingresos aportarían más al fondo solidario y éste contribuiría a todos los trabajadores con sueldos inferiores a 40 UF (lo que hoy equivale a un millón 150 mil pesos), un complemento a su pensión, de carácter mensual, parejo y permanente del 16% del sueldo mínimo (1,79 UF, equivalente hoy a 51 mil quinientos pesos). Lo anterior, equivale a que los sueldos mínimos no tendrán cargo previsional, aumentando la renta líquida de estos trabajadores en un 10%, sin costo adicional para el empleador.

Así, el trabajador que hoy percibe el ingreso mínimo de $320.500, aporta al fondo solidario 0,33 UF mensuales recibiendo como complemento mensual 1,79 UF. A su vez, el trabajador que obtiene una remuneración equivalente a diez ingresos mínimos, es decir $3.205.000, aporta mensualmente al fondo solidario 3,34 UF, sin recibir una contraprestación del fondo. Es un beneficio que llega al corazón de la clase media del país.

La idea de financiar el incremento a las pensiones desde los ingresos de los trabajadores surge al constatar las variadas externalidades negativas de las demás propuestas que hoy se discuten: un aporte de los empleadores es un impuesto al trabajo que terminará afectado al empleo formal. Y si algo nos enseñó la pandemia, es que nuestro mercado laboral tiene grandes sectores de trabajadores en la informalidad, sin ningún tipo de protección social. Todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a levantar el empleo e incrementar la formalidad. Un impuesto al trabajo va en el sentido contrario.

Otra alternativa que se ha manejado es aumentando el impuesto al consumo (destinando un punto del IVA a un sistema que otorgue una pensión básica universal). Esta opción, fuera de los problemas de diseño que tiene respecto de su focalización, es regresiva en cuanto a su financiamiento. Los impuestos al consumo gravan más fuertemente a las personas de menores ingresos porque son ellas quienes destinan todos sus ingresos al consumo. Para esto ya existe el Pilar Solidario que ha funcionado de manera exitosa. Ahí no está el problema.

Por lo tanto, una iniciativa de lógica distributiva y solidaria entre trabajadores, como la aquí planteada, mejora los ingresos, disminuye la desigualdad y aumenta las pensiones futuras. Además, cumple con el importante requisito de ser financieramente sostenible y sin un costo adicional para el Estado.

** El autor es director de empresas y presidente de la corporación de capacitación de la CChC