Farsa electoral en Venezuela

El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo calificó de “farsa” las elecciones legislativas del domingo pasado en Venezuela, mientras que la Unión Europea sostuvo en una declaración pública que “éstas no representan la opinión de los venezolanos”, en tanto el canciller chileno aseguró que los comicios “carecen de legitimidad”. Declaraciones que se suman a una larga lista de dirigentes políticos internacionales y organismos multilaterales que han condenado unos comicios que solo han venido a profundizar la severa crisis política y social que vive el país sudamericano.

Sin la presencia de observadores internacionales que dieran garantías al proceso -a excepción de representantes de Rusia, Irán y Cuba-; con el boicot de la mayoría de la oposición, y sin las mínimas condiciones de independencia de las autoridades electorales, el proceso realizado el domingo no fue sino un intento más del régimen por copar todos los espacios de poder en el país, eliminando la disidencia y las áreas que aún estaban bajo control de la oposición, como la Asamblea Nacional, que el régimen ya había intentado silenciar hace tres años con la elección de una Asamblea Constituyente, cuyo objetivo real nunca fue elaborar una nueva Constitución.

Con las elecciones del domingo el objetivo del régimen era recuperar el control de la Asamblea Nacional, formalmente en poder de la oposición desde diciembre de 2015. Para lograr ese objetivo no solo persiguió e intervino a los principales partidos opositores, a través de resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que removieron a algunos de sus dirigentes e inhabilitaron a otros para participar en los comicios, sino, además, dejó en manos del TSJ la designación de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, pese a que la Constitución establece que ello es facultad de la Asamblea Nacional.

Como era previsible, lo anterior permitió que la coalición oficialista Gran Polo Patriótico lograra el 67,6% de los escaños de la nueva Asamblea, cuyos miembros se aumentaron a 277. Pero pese a ese resultado, en los hechos los comicios estuvieron lejos de cumplir con el objetivo fijado por el régimen. Con una participación de apenas un 31% de los más de 20 millones de venezolanos habilitados para votar -lejos del 73% de las elecciones de 2015-, quedó en evidencia la desconfianza de la población en el proceso y el escaso apoyo al régimen.

La farsa electoral del domingo pasado dejó aún más claro el nulo compromiso democrático del régimen de Maduro y adelanta un difícil escenario para la oposición. Hasta ahora, la Asamblea Nacional -pese a los intentos del gobierno por aislarla- daba un espacio de protección al actual Presidente encargado, Juan Guaidó. Sin embargo, desde el 5 de enero próximo, cuando asuma el nuevo Legislativo, el panorama podría cambiar radicalmente. Con el control de todos los poderes del Estado, se prevé un endurecimiento de la persecución contra los líderes opositores, lo que podría desatar un nuevo éxodo que hará aún más difícil impulsar un cambio político en el país.