Andrea Bentancor es economista y académica de Ingeniería Comercial Campus Santiago de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca.
Es conveniente contar con los ingresos que nos permitan pagar los nuevos gastos que queremos realizar mensualmente en el futuro. Ello, a menos que estemos dispuestos a endeudarnos de manera indefinida.
Ese sano principio, que querríamos aplicar a nuestras finanzas personales, no se satisface en el caso de los proyectos de ley que sustituyen la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) por una nueva Pensión Garantizada Universal (PGU).
En efecto, el actual Gobierno impulsa dos proyectos de ley, uno que le permitiría comenzar a pagar una PGU a partir de febrero 2022 (gastos futuros) y otro que elimina exenciones tributarias (ingresos futuros). Eso desde que, en diciembre, el Gobierno dividió el proyecto que creaba la PGU y al mismo tiempo eliminaba las exenciones tributarias. Cabe destacar que dos fuentes adicionales completarían el financiamiento de la PGU: provisiones en presupuestos futuros y cambios al Fondo Reserva de Pensiones (FRP).
Surge un problema: con mayor probabilidad y más pronto se aprobará el proyecto que crea la PGU en relación con el que elimina la exenciones; y los gastos comenzarán a ejecutarse antes que los nuevos ingresos se recauden.
Segundo, existen dudas respecto al financiamiento de la PGU, cuyo estudio debería realizarse proyectando el largo plazo (varias décadas), sin embargo, los análisis actuales sólo alcanzan al 2026. Además, se critican los cambios propuestos al FRP, que se realizan sin los exámenes actuariales necesarios y que contribuirían a aumentar la deuda neta en el futuro.
Adicionalmente, la tramitación en la Congreso de estos proyectos no está siendo simple, lo cual se refleja en que algunos diputados y diputadas han planteado algunas indicaciones inadmisibles, al tiempo que, según se reporta en la prensa, en el Senado se estarían proponiendo nuevas fuentes de financiamiento para levantar algunas de las críticas que se le hacen a la PGU. Todo esto requiere tiempo.
Antecedentes no faltan. Varios de los problemas que emergen de las debilidades técnicas de los dos proyectos han sido advertidos por dos importantes instituciones como el Consejo Consultivo Previsional y Consejo Fiscal Autónomo, y por múltiples analistas.
De manera unánime se reconoce que el problema de pensiones es prioritario y profundamente sentido por la población. Sin embargo, que tras años discutiendo sobre pensiones, el Gobierno pretenda aprobar iniciativas tan cuestionadas en pocas semanas, genera dudas y desacuerdos.
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