La Constituyente como el desafío de una conversación entre iguales

En unas décadas más, cuando se escriba sobre el 2021, pocas fechas destacarán tanto como el 4 de julio. Aquel día, 78 hombres y 77 mujeres asumimos la investidura de convencionales constituyentes, inaugurando un órgano inédito en la historia republicana de Chile.

Para hacer un balance sobre los primeros 6 meses de la Convención es necesario destacar que este proceso constituyente posee características únicas en la historia constitucional chilena. Algunas de ellas, incluso, inéditas a nivel mundial.

En primer lugar, destaca la generación democrática del proceso, marcado por 3 hitos fundamentales: un plebiscito constitucional de inicio, una elección de sus integrantes mediante sufragio universal, y un plebiscito de salida, de carácter obligatorio.

Luego, destaca el carácter inclusivo del proceso, especialmente respecto de la paridad de género y la incorporación de escaños reservados de pueblos originarios. Se trata del primer órgano constituyente paritario en el mundo y el primero en Chile donde se ha garantizado participación a los PP.OO., velando por reparar asimetrías de poder producidas por el patriarcado, el despojo territorial y la exclusión sistemática de la vida pública.

En tercer lugar, destaca el funcionamiento territorialmente descentralizado de la Convención, cuyo pleno sesionó íntegramente en la Región del Biobío, y sus comisiones se desplegaron en más de 10 regiones, demostrando así una voluntad de terminar con la excesiva concentración del poder en Santiago.

Por último, destaca la autogeneración de normas procedimentales que la Convención se dio en sus distintos reglamentos, regulando un procedimiento de creación de normas constitucionales en que la participación popular es fundamental, abarcando a grupos históricamente excluidos, junto con establecer altos estándares de transparencia y probidad para las y los convencionales.

Lamentablemente este histórico proceso ha sido empañado por la escasa disposición del gobierno en cumplir su deber constitucional en orden a prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para el funcionamiento del órgano constituyente. A pesar de ello, hemos desplegado esfuerzos enormes para cumplir nuestra labor y comunicar a la ciudadanía los avances del proceso.

A medida que cierra el año, hemos visto iniciarse los debates de fondo respecto de la normativa constitucional, presentándose cerca de un centenar de Iniciativas Convencionales Constituyentes, que esperan dar respuesta a las demandas ciudadanas en materias tan relevantes como el derecho humano al agua, las organización territorial regional del Estado, la titularidad de derechos de la naturaleza, la justicia constitucional, y el derecho a una vida libre de violencia de género, entre tantas otras.

Asimismo, de forma inédita en el mundo, se han presentado cientos de Iniciativas Populares Constituyentes, elaboradas por personas naturales y organizaciones ciudadanas, de la más diversa índole y contenido.

Sin duda que este proceso constituyente tiene enormes desafíos, y es que se inserta en un complejo escenario, marcado por un fuerte descontento social, una crisis de la política, una pandemia y una crisis económica. Sin embargo, estamos frente a una oportunidad histórica que exige a todos los sectores sentarnos a conversar en una misma mesa, como iguales, para abordar alternativas políticas, sociales, económicas e institucionales, que aspiren a encauzar los procesos sociales que el pueblo de Chile y sus diversas naciones han impulsado.