La señal que el Banco Central envió al mundo político

El Banco Central está proyectando un crecimiento del PIB en torno a 11% para este año, lo que dejaría la producción del país bastante por sobre su máximo previo a la pandemia. Esto sería fundamentalmente consecuencia del extraordinario aumento del consumo que derivó de las medidas fiscales de apoyo social y de los retiros de fondos previsionales.

Normalmente aceleraciones del gasto, por estímulos fiscales o de otro tipo, aumentan transitoriamente la inflación y deterioran el tipo de cambio real. Esta vez, el tipo de cambio no ha ayudado a limitar el impacto inflacionario del mayor gasto. Más bien, mientras se aceleraba el gasto, el tipo de cambio ha ido al alza, más allá de lo que indicarían sus determinantes. La consecuencia es que el Banco Central proyecta que la inflación termine el año en 5,7% en 12 meses, antes de volver paulatinamente a la meta oficial centrada en 3% en 12 meses, hacia 2023.

Pero esa convergencia es muy exigente: tras este recorrido de la inflación hay un supuesto clave de que la política fiscal va a moderarse a partir de 2022, desde el incremento nominal en el gasto fiscal estimado en 35% y déficit de 7% del PIB, pronosticados para este año, hasta niveles sustentables, y que no habrá nuevos retiros de fondos previsionales. Y que si ese ajuste ocurriese el crecimiento decaería hacia el 1,5%/2,5% en 2021 y 1%/2% en 2022.

En la opinión del Banco Central -similar a la de muchos observadores- la evolución alcista del tipo de cambio, la debilidad de los precios accionarios y el incremento en las tasas de interés de largo plazo, reflejan incertidumbre sobre la actual capacidad del país de gestionar su política económica, social y previsional, tal de llevar a cabo los ajustes necesarios. Contribuye a la incertidumbre la expectativa de que la economía de Estados Unidos -que también se embarcó en fuertes medidas fiscales para superar la pandemia, que se ha recuperado con mucha fuerza, y que está experimentando alzas de precios- vaya a tener que endurecer su política monetaria para no perder control sobre la inflación. Esa corrección monetaria, de intensidad incierta, podría cambiar drásticamente el escenario externo, poniendo a Chile en una coyuntura de dificultad severa, que se agregaría a las exigencias propias de restablecer políticas domésticas sustentables.

La reciente alza en la Tasa de Política Monetaria (TPM) desde 0,75% a 1,5% no tiene la entidad para contrarrestar en forma significativa los actuales estímulos al gasto con origen fiscal o en retiros de fondos previsionales, pero cumple el importante rol de asegurar que el Banco Central está dispuesto a ajustar sus políticas para que la inflación se mantenga controlada, cuando hay signos incipientes de cambio en las expectativas inflacionarias a plazos mayores. Lo que tiene de significativa esa alza (que duplica la TPM) es que ayuda a concentrarse en la necesidad de una gran corrección de políticas fiscales y de recuperación de racionalidad en relación a los fondos previsionales. Si ello ocurre, el país habrá superado bien la pandemia y podrá asumir sus objetivos de largo plazo; si no, nos indica el Central, el país habrá cambiado enteramente sus condiciones financieras, con consecuencias sobre tipo de cambio, tasas de interés y precios que los mercados van a anticipar, y para enfrentar las cuales ningún banco central del mundo tiene el instrumental suficiente.

Es evidente que un cuadro político que va a estar afectado por la incertidumbre en torno a la elaboración de una nueva Constitución política, y en el corto plazo por elecciones presidenciales y parlamentarias, deja amplio espacio para dudar que el necesario ejercicio de reordenamiento político y económico vaya a proceder sin trastornos. El reciente Informe de Política Monetaria, así como el frontal rechazo del presidente del instituto emisor a un cuarto retiro desde las AFP -quien ha optado por arriesgar su propio capital político alertando al Congreso sobre los perniciosos efectos de esa medida-, muestra que con un Banco Central dispuesto a jugar su rol, es el sistema político el que tiene hoy en sus manos preservar o afectar gravemente el potencial del país para crecer, crear empleos y generar recursos fiscales que permitan atender necesidades sociales.

Lamentablemente, el populismo y la pobreza argumental que se observó en los diputados de oposición de la Comisión de Hacienda que aprobaron este nuevo rescate -el propio presidente de la instancia ya había reconocido que uno de los objetivos declarados era desmantelar el sistema de AFP- sugieren que una parte importante del mundo político continúa sin comprender la gravedad de sus propios actos.