Prolongado cierre de colegios durante emergencia climática

Dado que los pronósticos meteorológicos indicaban que esta semana buena parte del país iba a ser afectado por el peor evento climático en dos décadas, la autoridad optó por decretar la suspensión total de clases desde Coquimbo al Maule entre jueves y viernes -Biobío ya estaba con cierre desde el miércoles-, medida que se aplicó en todos los niveles de la enseñanza escolar y que de acuerdo a lo informado por la autoridad no considera la recuperación de clases. El impacto del temporal finalmente fue menos intenso de lo inicialmente pronosticado en algunas zonas, pero aun así su devastación fue importante, especialmente en regiones como Biobío, donde causó estragos.

Lo concreto es que en el caso del sistema educacional, la medida preventiva dejó a más de 3,3 millones de escolares y párvulos sin clases por un lapso de 48 horas o más, sin perjuicio de que una serie de establecimientos abrieron para garantizar la entrega de raciones de alimento en el marco del programa Junji. Dado que varios colegios están siendo utilizados como albergues de emergencia, el impacto en la pérdida de clases podría ser mayor en algunos casos.

La medida decretada por la autoridad ha sido objeto de críticas por parte de algunos apoderados y también de voces expertas, en particular porque hay quienes cuestionan que se haya decretado una suspensión tan prolongada, considerando que el viernes la condición del tiempo mejoró ostensiblemente. A ello cabe agregar que la semana anterior hubo elecciones primarias en 60 comunas del país, en cuyo caso una serie de establecimientos fueron ocupados como sede de votación, lo que ya había implicado la pérdida de algunos días de clases y que tampoco hay obligación de recuperarlos.

El Ministerio de Educación justificó la suspensión de clases en razones de fuerza mayor, ante un evento que ponía en riesgo la seguridad de los estudiantes. Ciertamente que atendido los pronósticos iniciales, la medida adoptada por la autoridad resultaba prudente, pero a la luz de cómo evolucionó el temporal -ya a eso del mediodía del jueves el subsecretario del Interior señalaba que lo peor del sistema frontal había pasado- quedó claro que no fue necesaria una suspensión tan prolongada, salvo en ciertos lugares. Como es importante extraer los aprendizajes del caso, a partir de este episodio se hace más clara la necesidad de contar con protocolos mucho más estructurados que permitan regular mejor lo relativo al cierre de colegios ante este tipo de catástrofes, justamente para asegurar que los efectos sobre la comunidad estudiantil no vayan más allá de lo estrictamente necesario.

Una nueva reglamentación sobre la materia debería ser mucho más estricta en lo que respecta al monitoreo de las condiciones meteorológicas, considerando que el clima es una variable dinámica y lo pronosticado 48 horas antes puede experimentar abruptos cambios. Sería razonable en ese sentido que quedara bien establecido que, frente a este tipo de eventos, cada día, y a una hora determinada, la autoridad evaluara si se justifica mantener una suspensión de clases para el día siguiente, lo que debe ser anunciado con la debida antelación a la población. Debe evitarse lo que vemos recurrentemente, donde autoridades locales comienzan a tomar medidas apresuradas por su cuenta, creando un desorden que al final confunde más a la población, en circunstancias que ello debería estar coordinado a nivel regional sobre la base de directrices nacionales. La misma claridad debe existir respecto a los establecimientos que reparten raciones de alimentos, considerando los miles de niños que dependen de estos programas de alimentación.

Resulta imperioso internalizar que cada día de clases que se pierde constituye un daño para los procesos de aprendizaje de los alumnos, por lo que la suspensión solo debe aplicar cuando sea estrictamente necesaria; la circunstancia de que se trata de una fuerza mayor tampoco justifica que esas clases no se recuperen posteriormente. Es importante no seguir enviando señales equívocas a la sociedad que alimenten la idea de que el cierre de colegios es inocuo o que la pérdida de clases no es algo tan importante. Cabe no perder de vista que el presente cierre de colegios se da además en un contexto donde todavía no es posible recuperar los niveles de asistencia previos a la pandemia, pues si bien la asistencia promedio al mes de abril mostraba una mejora, ubicándose en 89,8%, la inasistencia reiterada y grave -que también han ido mejorando- llegaron al 30%, de acuerdo con cifras oficiales.

Cada año está quedando más claro que el país se ve enfrentado a eventos climáticos impredecibles, por lo que contar con protocolos que permitan saber con anticipación la forma en que nos organizaremos, a partir de variables objetivas, resulta indispensable. En ese sentido, es importante internalizar que si bien las medidas que la autoridad debe tomar frente a las emergencias son del todo necesarias porque apuntan a salvar vidas y evitar daños mayores, estas también tienen una serie de impactos no solo en el plano educacional, también económico, atenciones de salud, entre otros, que hasta donde sea posible es necesario atenuar, lo que se facilita con buenas regulaciones. En ese orden de cosas, un factor al que suele prestarse poca atención cuando las clases se suspenden es el desajuste que implica para los padres el hecho de que los hijos estén en casa en vez del colegio -donde es previsible que una situación así afectará las responsabilidades laborales, sobre todo ante cierres prolongados-, lo que hace pertinente evaluar la posibilidad de contar con mayores facilidades para ellos.