Por la fuerza sin la razón

La democracia, no me canso de decirlo, es un sistema de reglas que permite resolver el problema del poder de una manera alternativa a otros que también se han utilizado -y utilizan- con este mismo objetivo, como el linaje o la fuerza. Por eso, allí donde imperan las reglas del estado democrático de derecho se proscribe la fuerza como mecanismo para dirimir las diferencias; pero también, obvia consecuencia, allí donde la fuerza decide queda proscrita la democracia.

Es una o la otra, así de simple. ¿Significa esto que en una sociedad democrática no hay personas que amenazan, agreden o matan por razones políticas? Desde luego que no, aún en las naciones más civilizadas hay fanáticos que recurren a la fuerza, pero en ellas se sancionan esas conductas.

Eso es lo que no está pasando entre nosotros, progresivamente hemos transitado por un camino en el que primero se empezó a ver la ley como una imposición, ante la cual era legítima la rebeldía; luego, se destruyó la legitimidad del uso de la fuerza pública para imponer la ley y el orden que ésta prescribe; posteriormente, se enarboló que el fin justifica los medios, validando transgredir las reglas constitucionales -”sacrilegio con la Constitución”- frente a necesidades sociales urgentes y ahora estamos en una rápida escalada de aceptación de la funa, el insulto y la amenaza como un medio natural de expresarse políticamente.

Estos últimos días he escuchado que, si el Senado rechazara, o el Presidente de la República vetara con éxito, o el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional, el proyecto de ley que permite retirar todo o gran parte de los ahorros previsionales -no es el 10%- se produciría una violencia incontrolable: “queman el país”, me dijo un amigo. Y es probable que sea cierto, pero la pregunta es ¿por qué?

Por varias razones: porque ya no tenemos fuerza pública legitimada para imponer el orden y proveer de seguridad a las personas; porque perdimos el acuerdo sobre el respeto a las normas sobre las que funciona la democracia y, por ende, también su legitimidad; porque está socialmente aceptado agredir al que dice o defiende algo “políticamente incorrecto”. En buena medida, porque antes de defender la Constitución las autoridades hacen una encuesta de opinión pública, o un focus en el Tribunal, para ver si “hay agua en la piscina”.

Si se rechazara el proyecto citado ¿alguien duda que en los matinales se criticaría a los parlamentarios que lo hubieran votado en contra -no la violencia- por estar “desconectados” del Chile real? Esa es la inversión de sentido en la que estamos. Vayamos cambiando el escudo nacional y revisando eso de que somos una República democrática, porque donde impera la fuerza se acaban la razón y la democracia.