¿Por qué una acusación constitucional?

SEÑOR DIRECTOR

No comparto la conveniencia de una acusación constitucional al ministro de Educación a pocos meses término del gobierno y del año escolar. Hacerla es sin duda legítimo y constitucional. Yo la sufrí y fui destituido como ministro de Minería del Presidente Allende. Entonces era un arma política de la oposición para derrumbar al gobierno, no para evaluar al ministro. En democracia viví de cerca las acusaciones a Yasna Provoste y Harald Beyer, los únicos dos ministros destituidos en democracia y ambos de Educación. No creo que sus efectos hayan sido útiles.

En el caso del ministro de Educación actual hay argumentos para justificar la acusación. No lo ha hecho bien, muchos conflictos y escasos resultados para dar confianza a los padres de enviar sus hijos a las escuelas. Tampoco avanzó con fuerza en el acceso digital de los niños de menores recursos, sabiendo que la educación será híbrida, presencial y digital. Con todo, no la considero efectiva para apurar una vuelta a clases segura.

Si el propósito es otro, una crítica política, merecida, a la pobre gestión de gobierno, me pregunto si conseguiría hacerlo más impopular de lo que ya es. Lo dudo, muchas personas pensarán en cambio que hay temas económicos y sociales urgentes a los cuales deben abocarse nuestros parlamentarios. El costo para la oposición puede ser mayor que el beneficio.

A Figueroa le quedan apenas 20 semanas efectivas, y cualquier nuevo ministro necesitaría varios meses para ponerse al día. Hoy la prioridad opositora es intensificar el diálogo para recuperar aprendizajes y el contacto presencial. La clave es preparar el camino para que el nuevo gobierno, muy probablemente de oposición, pueda atender rápido, desde marzo 2022, a más de un millón de niños que están sufriendo un rezago educativo peligroso y un daño a su bienestar emocional. Y hacerlo con la anuencia de los padres y los maestros.

Sergio Bitar