Una oportunidad perdida por la Convención

Sorpresa causó que el Pleno de la Convención Constituyente aprobara en general por 111 votos a favor y 37 en contra la propuesta de la Comisión de Presupuesto sobre el reglamento que establece y distribuye las asignaciones de los convencionales constituyentes. Iniciativa que consigna un aumento de éstas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política. La Carta Fundamental establece que los convencionales percibirán una retribución mensual de 50 UTM y que recibirán, además, las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la Convención, las que serán administradas por el comité externo que determine el mismo reglamento.

La propuesta aprobada modifica lo establecido en la ley de presupuesto para el 2020 que las estimaba en $ 1,5 millones mensuales aproximadamente, incrementándolas a 77 UTM por cada convencional y 5 UTM adicionales por gastos operacionales en aquellos casos de convencionales elegidos para escaños reservados para pueblos originarios o que representen a distritos en regiones extremas y en las provincias de Chiloé y Palena. Definiciones que fueron confirmadas ayer al aprobarse en particular la propuesta y ser rechazadas las enmiendas que buscaban limitar estos incrementos y que se justificaban por la necesidad de dar una señal de responsabilidad frente al uso de recursos fiscales, transparencia y de austeridad ante la ciudadanía.

Lo sucedido deja pasar una gran oportunidad para instalar un nuevo mecanismo en el manejo de las asignaciones que diera garantías de transparencia y buen uso de los recursos, y despejara las aprensiones que la utilización de éstas siempre ha despertado en la ciudadanía. Basta recordar lo ocurrido en el Congreso, donde las malas prácticas en su utilización comprendieron no solo irregularidades sino también la comisión de delitos, que llevaban a incrementar los ingresos propios de los parlamentarios. Situación que derivó en la creación de un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que igualmente no ha estado exento de críticas, ni despejado todas las dudas sobre la fijación y utilización de los recursos, hechos que debieran haber servido como experiencia.

Tradicionalmente los recursos destinados a financiar las funciones de apoyo a la labor legislativa han abierto espacios para desviar recursos hacia otros objetivos. En el caso de la Convención se espera que no ocurra, pero que nada lo garantiza, a excepción del comité externo creado por esa instancia. Sin embargo, atendida la responsabilidad en el uso de recursos públicos, aun con su autonomía la Convención no escapa a la transparencia que demanda hoy más que nunca la ciudadanía. Por ello, era una oportunidad para avanzar hacia un sistema que permitiera un mejor y más eficiente manejo de las asignaciones, a cargo de un ente externo, que desligara a los propios convencionales de la aprobación de montos y condiciones. Como también de la puesta en marcha de una entidad responsable de determinar la pertinencia de las asesorías y canalizarlas, y poder contar con el apoyo de instancias externas que podría ser una contribución para la labor que deben emprender.