La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) develó que las quiebras y reorganizaciones de empresas siguen a la baja en lo que va del presente año, pero los sectores de comercio y construcción son los más afectados.

Según cifras de la institución, durante los primeros cinco meses del año se registraron 15 procedimientos de reorganización de empresas deudoras, mientras que en igual periodo del año pasado fueron 19 las compañías que solicitaron la protección concursal. En la misma línea, entre enero y mayo del presente año hubo 461 procesos de liquidación de activos de empresas, lo que se destaca positivamente si se considera que en el mismo lapso de 2021 hubo 700 quiebras. Es decir, las reorganizaciones y quiebras disminuyeron 21% y 34%, respectivamente, al cierre de mayo, en comparación con igual período del año previo.

Según los antecedentes aportados por el regulador, hace cinco años que durante los primeros cinco meses del año no se registraba un número tan bajo de quiebras y reorganizaciones. En efecto, entre enero y mayo de 2017, la Superir registró 346 liquidaciones de activos y 14 reorganizaciones.

“Debemos resaltar que las solicitudes de liquidaciones por parte de las empresas continúan disminuyendo y esto, estimamos, se debe en gran parte a las medidas que como Gobierno hemos adoptado para apoyar fundamentalmente a las empresas de menor tamaño; y acá destacar el Plan Chile Apoya, que viene a fortalecer el acceso al crédito para micro y pequeñas empresas no bancarizadas y, además, amplía la cobertura de programas de apoyo de Corfo y Sercotec para la reactivación económica”, explicó el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, a través de un cuestionario por escrito enviado por Pulso.

El jefe del servicio explicó también que “en el caso de las liquidaciones de empresas, al mirar los datos por tamaño de empresas, tenemos que casi un 40 por ciento de las solicitudes de este procedimiento fueron efectuadas por personas naturales que emiten boletas de honorarios, a quienes la Ley 20.720 les impide optar a la renegociación de la deuda personal. Y ante el alto costo de una reorganización, no tienen más opción que acogerse a una liquidación”.

“En este contexto, tenemos un proyecto de ley, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, con el que buscamos perfeccionar la actual Ley de Insolvencia y que, entre muchas materias, eliminará este impedimento que tienen para renegociar sus deudas quienes emiten boletas de honorarios, además de crear procedimientos simplificados de reorganización y de liquidación para personas y empresas de menor tamaño”, añadió.

A través del mismo cuestionario la Superir detalló que durante los primeros cinco meses de 2022 los sectores económicos más afectados son dos: “comercio al por mayor y al menor” y “construcción”. De hecho, ambos sectores acumulan 75 y 63 liquidaciones de activos durante entre enero y mayo de 2022, respectivamente. Se trata del mayor número de quiebras si se considera que en total durante dicho lapso hubo 461 liquidaciones.

Para la Superintendencia son múltiples los factores que pueden llevar a una empresa a solicitar una reorganización o una liquidación, independientemente del rubro.

Sánchez detalló que de acuerdo a lo declarado por los propios dueños de las empresas, o los representantes de estas, al momento de optar por alguno de estos dos procedimientos ante los tribunales, se repiten argumentos tales como los efectos de las cuarentenas, que causó un decaimiento de la actividad en sectores como el comercio, la construcción o el turismo; por otro lado, ya sea por factores externos -los conflictos internacionales- e internos -encarecimiento de los créditos, aumento de la inflación-, han debido asumir alzas en costos fijos, como el sueldo, y en costos variables, como la compra de insumos y productos. Y todos esos factores han derivado en un déficit de caja, que hace insostenible el funcionamiento de la unidad de negocio.

Asimismo, agregó que “en un análisis que como Superintendencia hemos venido realizando en los últimos tres años, también es un elemento clave la falta de educación financiera que existe entre las empresas de menor tamaño, lo que genera la incapacidad de no poder detectar a tiempo cuándo están entrando en una situación de insolvencia. Y cuando las señales son ya notorias – incumplimiento de pago a proveedores, de cotizaciones sociales de trabajadores, entre otros -, solo queda como opción la liquidación de bienes. Por ello, nuevamente, destacamos lo que estamos haciendo en materia de Educación Financiera con el programa Tenla Clara”.

“Como Superintendencia hacemos el llamado a las personas y a las empresas a que, si están ahora con problemas de liquidez, están anticipando que podrían tener semanas complejas en lo económico a raíz de los efectos que ha traído esta pandemia, no esperen llegar a una insolvencia profunda y pidan la asistencia de la Superir y puedan, ojalá, optar a una renegociación, en caso de las personas, o a una Asesoría Económica de Insolvencia en el caso de las empresas”, concluyó.