Palabra empeñada

Aunque el presupuesto nunca ha sido un tema muy sexy, siempre trae una sorpresa que da que hablar. Este año no es la excepción: el fin de semana se supo que el proyecto revierte el reajuste comprometido en la ley de inclusión para colegios que pasaron a la gratuidad. ¿Es posible que por la vía del presupuesto se haga tal cambio? Para responderlo hay que dar algunas explicaciones.

La llamada ley de inclusión eliminó el financiamiento compartido, es decir, la opción de que los padres pagaran cierta cantidad de dinero en los establecimientos educacionales que, sumados a la subvención, aumentaban la disponibilidad de recursos. Y dado que la eliminación restaba recursos importantes a la gestión de los colegios, la ley comprometió el aporte de gratuidad que suplementaba la subvención. La ley lo dice claro: el aporte aumentaría 0,10 USE anualmente en los establecimientos que supuestamente el gobierno quería promover: los gratuitos y sin lucro. Pues bien, este reajuste es el que el gobierno intenta eliminar usando la Ley de Presupuestos. Y eso es impresentable.

Lo es, ante todo, políticamente. Ya ha generado polémica que este gobierno pretenda desconocer lo que el Estado comprometió hace una década en relación con la reserva de antecedentes de la Comisión Valech. Pero este caso es mucho más patético: el mismo gobierno que comprometió el aumento hoy lo deshace. Incluso peor: el mismo ministro que defendió la ley e hizo la promesa -Eyzaguirre- hoy la incumple en el proyecto de presupuestos que lleva su firma. Con la soltura que lo caracteriza, Eyzaguirre mostró gráficos y comprometió el aumento que hoy olvida (la pág. 313 de la historia de la ley lo muestra con demasiada claridad como para desconocerlo). Eso es, políticamente, una burla.

Pero el tema no es solo político; también es jurídico. ¿Puede la ley de presupuestos deshacer un gasto comprometido en una ley permanente? El asunto se ha discutido mucho entre los constitucionalistas. En el siglo XIX, Miguel Luis Amunátegui y Jorge Huneeus argumentaron que era inconstitucional derogar una ley por la supresión de uno o varios ítems del presupuesto. Por eso a partir de 1884 la ley lo prohibió. Y lo mismo hace la Constitución de 1925, a instancias de Guerra y Eliodoro Yáñez. Hoy día tampoco está permitido y es lo que implícitamente reconoció el gobierno al aceptar negociar con las universidades perjudicadas por la eliminación del AFI en la última ley de presupuestos. Como puede verse, la pregunta pareciera zanjada desde hace tiempo: no es posible reducir en la ley de presupuestos los aportes determinados en ley permanente. Aun así el gobierno lo hace otra vez.

Posiblemente para privilegiar la gratuidad universitaria, perjudica a los escolares. Y de paso, vulnera un mandato constitucional muy antiguo entre nosotros. Es deber del Congreso, que comprometió en la Ley de Inclusión su palabra, evitar que sea el gobierno el que la rompa.